¡Basta de dar vueltas a la mesa! ¡Amnistía y autodeterminación!
Las elecciones catalanas llegan marcadas tanto por la situación de excepcionalidad sanitaria y económica como por la represión. La fecha misma del 14-F viene impuesta por la misma justicia que inhabilitó al president Torra después de que el 155 destituyera a Puigdemont e impusiera las elecciones de diciembre de 2017. Tres años de ingobernabilidad y de ahogo económico centralista –agravado por la pandemia– que tenían por objetivo dividir y anular el apoyo popular a la reivindicación de derechos nacionales y democráticos, han conseguido fragmentar el independentismo y desmovilizar sus bases, y ahora necesitan rematar el trabajo restaurando el control institucional para enterrar la lucha por la autodeterminación durante otra generación.
La represión utiliza las herramientas legales preparadas para aplastar las luchas sociales desde el estallido de la crisis de 2007: la ley Mordaza, el endurecimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el aumento de penas en el Código Penal y unas tipificaciones laxas que permiten interpretaciones judiciales tan amplias que la cúpula judicial acaba recortando los derechos de expresión, manifestación y huelga. Además de los presos sentenciados por el Supremo en octubre de 2019 hay centenares de encausados más y miles de identificados, multados e investigados a raíz de las movilizaciones contra la represión, todo con el objetivo de dividir la lucha popular y desmoralizar a la juventud con la amenaza y el miedo a penas de prisión. Los resultados del 14-F podrían ser un punto de inflexión en la represión si hay un voto masivo a favor de la autodeterminación y la amnistía, y todavía más si esto representa una reanudación de la movilización y de la auto-organización popular.
El 155 del 2017 culminó un proceso recentralitzador y represivo que no se ha parado. No hay financiación ni margen político para que ningún gobierno autonómico que pueda hacer frente a las necesidades sanitarias y sociales, incluso en situación de emergencia y en aplicación de las competencias reconocidas. Hay suficientes ejemplos en las restricciones a las propuestas de la Conselleria de Salut, en la indisponibilidad de los fondos para la Ley de la Dependencia, en los decretos anulados por el TC que debían frenar la pobreza energética y los desahucios obligando a las compañías energéticas a mantener servicios esenciales y a los bancos y fondos de inversión a ofrecer las viviendas vacías para alquileres sociales.
En estas condiciones, las elecciones del 14-F representan un segundo intento de normalización de esta situación de excepcionalidad por parte del Estado, ahora contando con la división y aprovechando la desmovilización y las restricciones por la pandemia. Han convocado estas elecciones y ponen todos los medios para que las gane el españolismo borbónico (constitucionalismo le llaman) con la figura mediática del candidato Illa, sin más oferta que pasar página del Procés y consolidar el marco autonómico. Durante la campaña y con la evidencia de los incumplimientos en las promesas hechas a cambio del apoyo de ERC y del PDeCat a los presupuestos, el PSOE-PSC vuelve a prometer la mesa de negociación y anuncia la revisión de la financiación autonómica.
Las otras fuerzas “constitucionalistas” (Cs y PP) giran a su alrededor, intentando mantenerse como socios necesarios desde la línea más dura, sin dejar de ser oposición a nivel del gobierno central. Y si el PSC se ha dejado por el camino la última brizna de catalanismo que le quedaba, los comunes encaran una tarea imposible: En Comú Podem pretende obviar el enfrentamiento nacional y situar un eje de confrontación social, donde ellos formarían parte de una supuesta izquierda para formar Gobierno junto con PSC y ERC. Es difícil imaginar una distorsión más grosera de la realidad, pretendiendo defender los derechos sociales o servicios públicos junto a los partidos que gestionan los intereses del gran capital y de espaldas a cómo se expresan las contradicciones sociales (que en buena parte se expresan en clave nacional, como se ha hecho patente en la radicalización del movimiento independentista y la ruptura con antiguos partidos como CiU). Haciendo equilibrios con su participación en el gobierno central, guardan la reivindicación del referéndum para cuando sea posible y se limitan a apresurar el trámite de los indultos.
Las candidaturas independentistas están a la greña, divididas por la disputa del control de la Generalitat y la hegemonía del movimiento soberanista. ERC y JxCat difieren en la táctica respecto al apoyo al gobierno central, pero en el fondo su posición es similar: negociar el mientras tanto y reivindicar un referéndum pactado. Hablan de independencia después de haber hecho todo lo posible por desmovilizar, incapaces de desobedecer y plantarse ante la represión y ni siquiera retirarse como acusación en los juicios a los manifestantes. JxCat se define como socialdemócrata y ni siquiera presenta un programa. Los dos comparten modelos de colaboración pública-privada en la educación y la sanidad que facilitan el negocio privado en los servicios. Han sido incapaces de evitar el desastre sanitario en las residencias privadas o la degradación de la atención primaria, cuando es más necesaria la sanidad preventiva y su acceso universal. El PDeCat se presenta para mantener sus cargos públicos y garantizar el apoyo en la escuela concertada, quiere bonificar al 100% los impuestos de sucesiones y patrimonio y reivindicar la gestión de los fondos europeos de reconstrucción. La independencia es un telón de fondo mientras vuelven a proponer el pacto fiscal como en 2010. En estas condiciones, la mesa de negociación con el gobierno central es una trampa, no puede llevar más que a la rendición y la sumisión si no es producto de un cambio en la correlación de fuerzas generada por la movilización a favor de los derechos nacionales.
Los partidos de la burguesía catalanista están comprometidos con el sistema capitalista y no pueden aportar ninguna salida a la crisis favorable al pueblo trabajador. Hace falta una alternativa de clase, que supere las limitaciones del sistema y garantice los salarios y las pensiones, los servicios públicos, el acceso a la vivienda, los derechos de las mujeres, de los jóvenes y de los inmigrantes. Es evidente que las elecciones del 14-F no aportarán una salida a la altura de las necesidades sociales: hay que construir la alternativa desde la unidad y coordinación de las luchas sociales, volviendo a levantar un movimiento por los derechos nacionales y sociales. Hacer frente al Régimen del 78 y la monarquía, defender los derechos democráticos frente al fascismo creciente, activar la resistencia y la desobediencia civil ante los planes del gobierno al servicio del poder financiero y la UE. Luchar junto con los otros pueblos del Estado contra el enemigo común mientras nos organizamos en torno de un programa radical que incluya expropiaciones sin indemnización del capital financiero, la energía, las empresas privadas de la sanidad y los grandes tenedores de viviendas: es lo necesario para cubrir los derechos básicos de todo el mundo, más allá de los límites de las competencias institucionales, los topes de deuda y la seguridad jurídica de los explotadores.
Las candidaturas de izquierda están lejos de esta perspectiva. En Comú Podem aprobó el presupuesto del gobierno Torra, la CUP aprobó el anterior presupuesto del gobierno Puigdemont. Aun con todas sus diferencias –la segunda no forma parte del gobierno central, con todo lo que ello implica, y tiene una base militante “en la calle” más fuerte–, ambos se proponen como socios de gobiernos de colaboración de clases con fuerzas “progresistas” u ofrecen apoyo institucional para presionar a favor de medidas de izquierda y reformas. Una estrategia que no hace más que perpetuar el problema, el sistema, los mecanismos de dominación de clase y opresión nacional. Hacen falta fuerzas políticas que pongan la lucha en el centro y el trabajo institucional a su servicio y no a la inversa, saliendo de la subordinación a la burguesía “democrática” y orientando el movimiento con una perspectiva revolucionaria.
Para construir el movimiento y unir las luchas tenemos que hacer inciso en el trabajo humilde y entregado entre las masas, recogiendo y elevando las experiencias de los marcos populares que nos permiten organizarnos y decidir desde abajo; las redes de apoyo mutuo, los CDR, los grupos de vivienda o el movimiento obrero y popular en general. Hoy, nuestra capacidad para revolucionar la realidad desde el trabajo en estos marcos organizativos es el que más seriedad da una línea que se pretenda revolucionaria. Del pasado ciclo de movilizaciones abiertas con el anterior episodio de crisis, quedó pendiente unirlas en un torrente único que no se limitara a exigencias o críticas particulares, ni a la crítica a uno u otro gobierno al servicio del capital, sino que apuntara al cuestionamiento del poder político real. Hoy toca culminar esta tarea, o como mínimo avanzar en la misma.
Las condiciones maduran mientras la crisis, el paro y la precariedad se hacen insoportables. ¡Preparémonos para volver a ocupar calles y plazas! ¡Pongamos en marcha la autoorganización obrera y popular!
