Ante la subida brutal de la electricidad: Expropiación y empresa pública. Dos polos inseparables

El precio de la luz sigue subiendo a un ritmo desorbitado y enciende una justa indignación popular. No podía ser de otra manera, cuando estamos viviendo sucesivos récords en el precio del MWh en el mercado mayorista, que estuvo en 47,68 euros de promedio en 2019 y en 33,96 en 2020. En las semanas en las que se escribe este artículo, el precio está oscilando entre los 145 y los 190 euros el megawatio hora.

Estos precios, que cogen a las familias trabajadoras, a los autónomos y a las pequeñas empresas por el cuello, se convierten en beneficios millonarios para las grandes empresas del oligopolio eléctrico, que fueron privatizadas entre los años 1988 y 1997. Pero conviene también contextualizar este aumento dentro de una avalancha de subidas de precios que será general (son conocidos, por ejemplo, los casos de la gasolina y los microchips) y que supondrá un ataque en toda regla al poder adquisitivo de la clase trabajadora y los sectores populares. Es la inflación que se desboca y que utilizarán para bajar el salario real de un modo “menos impopular” que disminuir el salario nominal.

Nuestro pueblo sufre y, efectivamente, en los barrios populares proliferan los enganches. Si hubiera medidas reales contra la llamada “pobreza energética” (por ejemplo un Ingreso Mínimo Vital real, que llegara a todo el que lo necesita y no al 30% de los que lo han solicitado, y encima dándoles una minucia), nuestro pueblo no necesitaría recurrir a los enganches. 

Así que, en medio de tan dramática situación, que no nos vengan con remilgos insustanciales sobre la “transición energética”: esta subida de precios está protagonizada por una búsqueda parasitaria de hacer negocios con las necesidades del pueblo; y eso hay que denunciarlo con claridad. Al fin y al cabo, ¿qué puede esperarse de empresas así? La electricidad fue distribuida en España por una empresa pública hasta que Felipe González comenzó a privatizarla, en un proceso que Aznar culminó.

Hoy día, a pesar de toda la red de productoras y comercializadoras, la electricidad sigue distribuyéndose por una única red en todo el Estado: Red Eléctrica Española SA, también privatizada. Por tanto, y más allá de insultantes excusas, no habría ningún problema técnico para nacionalizar este sector. Y una empresa pública que monopolizara la producción y comercialización de la electricidad, dejando de financiar los lujos de una oligarquía voraz, podría bajar los precios. Bastaría con fijar un precio uniforme que cubriera los gastos, haciendo una media entre el coste de las distintas fuentes de obtención de la electricidad… en lugar del sistema actual en el que la fuente de energía más cara impone su precio más alto a todas. Pero más adelante explicaremos esto.

Porque primero es necesario destacar que, desde que en 1997 culminó la liberalización del sector eléctrico español, diversos politicuchos de los distintos gobiernos han formado parte de los Consejos de Administración de las eléctricas, obteniendo enormes emolumentos: González, Aznar, De Guindos, Cabanillas, Martín Villa, Salgado, Serra, Garmedia, Atutxa, Acebes, Solana, Solbes… y un dramático etcétera. Políticos que aprobaron las propias leyes que les han permitido hacer negocio con este bien tan necesario para la población. Lenin lo expuso bien claro en El imperialismo, fase superior del capitalismo, pero hoy día no es necesario ser leninista para darse cuenta: todo el mundo sabe que oligarcas empresariales como los que nos suben la luz están en entrelazada y estrecha conjunción con la clase política.

Visto esto, es además hora de exigir que no nos mareen con especulaciones sobre si es posible o no acabar con estas subidas de precios salvajes. Lo que sucede no es una condena necesaria. Al contrario, ahora contamos con más y mejores medios -los más avanzados de la historia- para producir energía barata. Lo que sucede es solo el resultado de un desorden eléctrico, de un tinglado de empresas sanguijuelas que pujan por beneficios astronómicos y usan al Estado para seguir actuando con total impunidad (garantizada esta, como hemos visto, por expolíticos sentados en sus Consejos de Administración gracias a las “puertas giratorias”). Mientras las familias trabajadoras sufren y ven precarizadas sus condiciones, las empresas eléctricas españolas se lucran enormemente y sus beneficios han ascendido a un 18% (la media europea es 10%), lo que supone nada menos que un 16% del PIB.

Solo un sistema corrupto y mafioso podría engendrar un método como el que se emplea para establecer la factura de la luz. El precio de la electricidad se determina de una forma compleja, difícil de entender para el pueblo y que nunca se le explica claramente. Una vez por día, Red Eléctrica Española calcula la cantidad de electricidad que necesitará el país en cada hora del día siguiente. Las empresas ofrecen sus productos mediante subastas, cuyos precios varían según la fuente de generación (eólica, solar, hidráulica, nuclear, de combustibles fósiles…). Pero la trampa es la siguiente: toda la energía que los usuarios compren para una hora determinada… se pagará al precio de la energía más cara de todas. De este modo, los productores de electricidad más barata -ya sea hidroeléctrica, nuclear, eólica o solar- pueden vender carísima su producción y recoger los “beneficios caídos del cielo”, como cínicamente los llaman.  Cinco gigantes controlan el mercado eléctrico en España: Repsol, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. Invierten en energías baratas pero se cuidan de que algún fragmento de la demanda se cubra con energías caras, para beneficiarse de la disparatada estafa anteriormente descrita.

Pero falta aún otro elemento fundamental por considerar dentro del despropósito analizado. ¿Por quién viene marcada esta cínica y brutal política? Por Bruselas. Una parte del precio, la fundamental, viene de la “subasta” que hemos visto. La otra viene de impuestos del Estado. El sistema de “subasta” que ha adoptado España y otros países de la Unión Europea consiste -es necesario insistir en ello- en lo siguiente: primero se determina la demanda energética. Segundo, se mira cómo se puede cubrir esa demanda con las distintas formas de producir electricidad. Tercero, se fija el precio del megawatio hora según el precio de la forma más cara (en este momento, el gas). Esta es la política de la UE y no se nos permite hacerlo de otra forma porque Europa nos sancionaría. ¿Cómo podría hacerse más evidente que nos gobierna una mafia?

La alternativa está clara: nacionalizar las eléctricas y romper con la tiranía de la Unión Europea. Necesitamos estos dos puntos en el programa y no es ningún capricho. El primero porque esto va más allá de pedir “una empresa pública que compita con ellas”, como se hace desde Podemos para salvar la cara y desviándonos de nuestro verdadero objetivo. Por otro lado, bajar el IVA de la electricidad, como ha hecho Sánchez, solo abaratará ligeramente el recibo… a costa de reducir los ingresos públicos que se deberían usar en sanidad, educación, etc. Y sin tocar un solo euro de los beneficios de las eléctricas. Basta de farsas. Todo el mundo sabe que no hay solución para esto sin desenchufarnos de la oligarquía eléctrica. Y que solo habrá una empresa pública poderosa y viable si expropiamos las empresas privatizadas y la construimos en base a ellas.

En cuanto al segundo punto reseñado, cae por su propio peso si recordamos que la liberalizacion del 97 fue la aplicación en España de una directiva europea de 1996. No en vano, hasta la tibia propuesta de Podemos es negada actualmente por Sánchez. ¿Con qué argumento? Ya lo vimos arriba: porque no cumple con las exigencias europeas. Los propios “beneficios caídos del cielo” son de hecho normas de la Unión Europea. En consecuencia, cualquier estrategia adoptada solo podrá ser real y efectiva si se contrapone a su vez a los oligarcas de la Unión Europea y plantea de una vez una ruptura clara con ellos y sus políticas. Y solo en este camino podremos ir arrancando medidas de urgencia para los hogares más vulnerables.

Para empezar la batalla de la electricidad hay, pues, que desarrollar, desde la unidad combativa más amplia, un movimiento en la calle y ganarla. Y, así, prepararnos para otras victorias. Si el gobierno, formado por partidos que prometieron meterle mano a las eléctricas, no se atreve a hacerlo, habrá que imponérselo por la fuerza de la movilización. Porque la electricidad -como el techo, el agua corriente, la salud y la educación- es una necesidad básica, que no puede dejarse a merced de los caprichos “del mercado”.

La lucha contra los abusos de este y otros oligopolios no podrá llevar a cabo, como se ha demostrado durante estos años, mediante la politiquería y la palabrería. No hay más tiempo que perder con ilusionismos estériles. Es hora de movilizar a las víctimas de estos abusos para conquistar la luz contra quienes nos imponen la tiranía de su oscuridad