Desviacionismos: memoria y su suma y sigue con la cuestión de la inmigración

Desde las movilizaciones contra los recortes, venimos señalando que una problemática de envergadura con la que nos hemos encontrado en el Estado español ha sido el de los desviacionismos políticos promovidos por la izquierda institucionalista y electoralista, que han obstaculizado la tarea clave de acumulación de fuerzas contra el enemigo principal oligárquico y financiero. A ello se nos suman, cada vez más, las dificultades para llevar al centro de la reconstrucción de la clase obrera la integración del proletariado inmigrante “con todas las de la ley” –es decir, priorizando que tenga el máximo papel posible en la actividad de nuestra clase–, lo que implica que hay que ir más allá de meramente acogerlos por “caridad” frente al discurso antiinmigrante de las diferentes ramas de la extrema derecha.

Desde hace años venimos advirtiendo sobre los desviacionismos que han contribuido al reflujo en las movilizaciones y que han provocado que la desmoralización atraviese el activismo social, hasta el punto de pensar que “la gente” ya no tendría potencialidad de protesta social y estaría abrazando los postulados reaccionarios que, cada vez más, se proclaman sin tapujos en el ruedo nacional. Hagamos, pues, un poco de memoria para entender mejor la situación política actual.

Hubo un primer gran periodo en el que el protagonismo principal en esa labor desviacionista estuvo a cargo de Podemos. Su trabajo de desviación fue doble. En el terreno económico-social nos fue sustituyendo el objetivo principal antioligárquico y antifinanciero –incluyendo el “no al pago de la deuda” provocada por el infame rescate bancario– por otras causas que le mantenían un halo progresista y hasta rompedor, pero que no le comprometían con la cuestión del poder. De facto, fue el sepulturero principal de lo mejor del 15M (el del “no queremos ser mercancías en manos de políticos y banqueros”) al que le propuso ser su canalizador electoral de referencia, llegando a liderar las encuestas electorales.

En el terreno estrictamente político nos sustituyó la crítica en origen del régimen del 78, que blanqueó al franquismo y su barbarie del 36, con aquello de que “había que volver al mejor espíritu de la Transición”. La “nueva política” clamaba que ese régimen había sido corrompido por la casta que representaba la “clase política”, principalmente el bipartidismo, excluyendo cada vez más a los consejos de administración del IBEX. Aquello suponía otra vuelta de Tuerka más con la que alejarse de toda iniciativa revolucionaria antisistema aunque, eso sí, no podía dejar de remover a los partidos señalados, alertados por la competencia electoral sobrevenida. Ahora bien, por mucho que Errejón hablase de centralidad del tablero superador de las “izquierdas y derechas”, era el ala izquierda del régimen del 78, y principalmente el PSOE, el que se veía más amenazado. La derecha, si bien tuvo que lidiar con la “marca anticorruptora” de Ciudadanos que le había salido por su banda, veía en la crisis existencial que atravesaba el PSOE una oportunidad de compensar los límites electorales que le imponían sobremanera la cuestión nacional en Catalunya y Euskadi.

El caso es que, conforme la situación general de las movilizaciones entraba en reflujo, con un establishment económico que, al fin y al cabo, no iba a olvidar que Podemos debía su sentido a la protesta contra los recortes sociales de la crisis de 2007/8, y debido a la alerta que provocó dentro del bipartidismo, ellos mismos, los de Podemos y sus marcas diversas, pasaban a ser diana y víctima del sistema político al que, en realidad, sirvieron de estabilizador. Y esto complicaba aún más la labor a quienes querían de verdad una Spanish Revolution, porque se dificultaba la necesaria labor de verlos como victimarios de la protesta social de la que surgieron. Así, una buena parte del activismo social puso orejas a los llamamientos perversos de los podemitas para que les ayudasen a que fueran admitidos dentro del régimen del 78. Un régimen que no podía ser admitido por una izquierda consecuente sin dejar esta de serlo.

Aprovechando el reflujo en la lucha social, la partitocracia parida tras la Transición vio mejores condiciones para ajustar cuentas con quienes venían a cuestionarla, empezando por los primeros que se vieron afectados por la subida electoral de Podemos: el PSOE. Con un PP más fácilmente identificado de españolismo rancio, al PSOE finalmente le vendría bien que estallase la cuestión nacional en Catalunya; cuestión esta, que venía a coger el testigo de la desestabilización política dejado por las protestas estrictamente económico-sociales.

Había pocas dudas de que la necesidad de apagar los fuegos provocados por las exigencias de independencia no iba a encontrar el mejor bombero posible en el trinomio Feijóo-Ayuso-Abascal, aunque tampoco en el PSOE más GALista. Los de Felipe González, dado su sucio historial, se sentían más seguros con una coalición con el PP. Pero esta coalición no podía dejar de representar para el público, sobre todo en Catalunya y Euskadi, la continuidad de la bestial represión del octubre de 2017 catalán que le tocó a Rajoy administrar.

Fue esta suerte de tareas diversas a fin de tranquilizar al aún debilitado régimen del 78 –y, en definitiva, a los grandes de España y Bruselas– lo que abriría camino a la arriesgada apuesta de Sánchez. Arriesgada, porque no podía formar gobierno sin aliarse con aquellos a quienes había que superar y “domar” dentro de las instituciones y que habían sido votados para tomar medidas progresistas en la cuestión social y la nacional. Aún más arriesgada, porque tendría que aguantar los ladridos incesantes de los dóberman de la caverna españolista más casposa, cada vez más decididos a resarcirse de las cesiones en el mando gubernamental que venían haciendo desde la mismísima Transición.  

La rabia de los herederos del franquismo, de nuevo relegados a la oposición en esa España “suya”, les llevaba a tildar a Sánchez de peor comunista que los comunistas, de peor “quiebraEspaña” que los nacionalistas y hasta de peor abertzale que los de Bildu. Pero, en realidad, en los consejos de administración y en esa Bruselas productora de recortes y de exigencias militaristas para meternos en infames guerras (con Rusia como enemigo a batir) sabían que sus diktats antipopulares aún necesitaban de mucho maniobrerismo demagógico que no quedaba más garantizado con el PP y sus satélites de la ultraderecha. Un maniobrerismo demagógico desde el mismo discurso de partida, pues sin ir más lejos, al propio Putin había que tildarlo de ultraderechista y amigo de Trump…

Nosotros, humildemente, también lo sabíamos. Por eso, aunque las calles de Ferraz estuvieron en la diana de los cachorros fascistas y hasta con las cloacas judiciales y policiales dispuestas a activar lo mejor del búnker de aquellos años de la Transición, apostamos por que la legislatura de Sánchez no sería breve (1). Sabíamos del respaldo de realidad trágica (en su sentido más político) que tendría el mago y gran comediante Pedro Sánchez. Un hombre dispuesto incluso a decirle a los de arriba que su debilidad dentro del núcleo duro e histórico del tablero partidista era lo que necesitaban y, paradójicamente, les daba más fuerza de estabilización. Y ello incluso, teniendo en cuenta escenarios inciertos de futuro tanto en el terreno macroeconómico como en el geopolítico. Por tanto, estas incertidumbres de “alturas” requerían todavía proseguir con una estabilización preventiva que para nada estaba asegurada con los herederos varios del franquismo, ya no solo en la cuestión social sino, aún más, en lo referente a la nacional.

Efectivamente, y ya expresándonos en términos más generales y sistémicos, mientras la situación social no se desborde hasta el punto de que los jardines de la Moncloa sean amenazados de acampadas populares, conviene mantener un sistema de contrarrevolución preventiva con una fachada democrática. Y en todo caso, que la extrema derecha (más allá de sus propios intereses de grupo) juegue un doble papel: por un lado, de contención a las cesiones que un gobierno que va de progresista está llamado a hacer a las exigencias de la protesta social; por otro, de división del cuerpo social que lo haga más manejable.

Eso que desde la Transición ha venido ocurriendo en España, ahora se da en el contexto de haber estallado una crisis de envergadura en 2007 de la que todavía somos tributarios (en el sentido más estricto del término: solo hay que ver la evolución histórica del porcentaje de deuda con respecto al PIB). Una crisis en el centro mismo del sistema, que trajo una avalancha de recortes sociales y, posteriormente, una sucesión de mareas de movilizaciones en la calle. Sin duda, que la clave para que no se saliera “por abajo” de aquel flujo de luchas fue la ausencia de una verdadera línea revolucionaria que promoviera un frente popular contra la dictadura oligárquica y financiera. Y que, por consiguiente, se fuera apagando la potencialidad de la protesta social en la canalización electoral. Primero, la que ofrecía un Podemos que quiso integrarse en el régimen pretendiendo que el mismísimo PSOE le sirviera de muleta (con todo lo que de blanqueo eso suponía). Y luego, para colmo, ya hasta con llamamientos a los restos de aquella potencialidad de la protesta a apostar por el PSOE de Sánchez con todas las marcas a su izquierda (las de siempre y las de la “nueva política”) frente al peligro que representan una extrema derecha cada vez más desacomplejada y una derecha clásica cada vez más extremizada.

Decimos que nos supuso un reto defender una salida de máxima unidad popular antioligárguica y antifinanciera ante la crisis de 2007/8, ya que implicaba mantener nuestra independencia política y estratégica de los cantos de sirena que se sucedieron desde la aparición de Podemos. Un reto que en realidad persiste, aunque sean otras las caras progres que, en el colmo de la perversidad, supuestamente deberíamos salvar. Pero si eso supuso un reto, tanto en la cuestión social como en la nacional (ya editorializamos que esta se reactivó en buena medida con esa crisis), aún hoy se nos complica más la tarea de independencia política y estratégica con una cuestión que es mucho más estrictamente de clase (de clase obrera): la cuestión de la inmigración. La posición que se tenga ante ella definirá por mucho tiempo la suerte que corra toda línea revolucionaria de intervención que se precie. Al respecto, el trabajo ingente que hay que hacer, también habrá que llevarlo hasta el mismo seno de los sectores populares y, sí, igualmente dentro de la misma clase obrera. Y habrá que hacerlo sin ningún tipo de concesión, a pesar de los ataques que nos vendrán a siniestro y, por supuesto, a (extremo) diestro.

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Hemos versado no poco sobre la cuestión de la inmigración: incluso hemos hecho un folleto (ver imagen que acompaña este texto). Se trata ahora de ir poniendo el énfasis en la realidad económica que explica el gran aumento de la inmigración en España, entre otras cosas, para saber su posible evolución más allá del debate politiquero en torno a ella. A partir de ahí, hemos de analizar sus consecuencias en la transformación de envergadura en la masa salarial en España y en cómo se asume socialmente; particularmente, entre los trabajadores de aquí, que es lo que, en un primer momento, nos importa más y nos determina las tareas militantes a realizar.

Ciertamente, el fenómeno de la inmigración proletaria (porque así habría que identificarla, por ser la más sustancial cuantitativamente) no es solo de España. Únicamente sucede que aquí llega bastante más tardíamente con respecto a los países centrales del capitalismo y, además, se inserta en una formación económica bien diferente. No es lo mismo la inmigración que conoció Holanda, Alemania, Suiza, Francia, que la que se viene dando aquí.

Una de las características de la formación económica española es que intervienen en ella actividades de baja productividad y de bajo nivel de valor añadido con respecto a las economías centrales (hostelería, agricultura, construcción, cuidados, etc.). Ello hace que exista una fuerte tendencia empresarial a poner el acento en una amplia base de mano de obra con salarios bajos, incluso que se dé una utilización de trabajadores en la ilegalidad o carentes de los derechos más básicos. Insértese esa tendencia en un contexto de bajada demográfica de la población autóctona y con una herencia de mucho paro (lo cual va a ser materia de división entre distintas procedencias en el seno de los asalariados). 

Si ya fue así antes de la crisis de 2007 –crisis que, por lo demás, afectó al conjunto de países industrializados–, aún hoy se hace más evidente que la economía española necesita mucha mano de obra barata y moldeable que compense la baja productividad con mucha producción a bajo coste. Sí, se requiere una gran masa de trabajadores con menos derechos reales, además, en un contexto de desmontaje del ya limitado “estado de bienestar” que había. En realidad, el empresariado patriótico de aquí se puede poner muchas banderitas rojigualdas, pero lo que necesita es una enorme transformación en la estructura de origen de la masa asalariada, de la clase obrera. Y cuando decimos moldeable, también decimos de “quita y pon” ante acontecimientos geoestratégicos que puedan afectar en lo inmediato a determinados sectores económicos como, por ejemplo, los derivados del turismo.

En definitiva, se necesita transformar a la población asalariada. Según cifras oficiales, la población extranjera representa una quinta parte del total. Pero el porcentaje de inmigrantes en la clase obrera superaría claramente esa quinta parte. Y ello, sin tener en cuenta a la que está en la ilegalidad dispuesta a alimentar el trabajo “en negro”: se habla de que representa más del millón y medio (la última regularización fue de 500.000). Esa transformación al interior de la clase obrera busca que esta actúe lo menos colectivamente posible; lo que implica, no solo que disminuya su fuerza de intervención contra el capital, sino que esté infectada por las divisiones internas. Por ello, el binomio de un gobierno que fomente la inmigración con una extrema derecha que lo vilipendie, y sirva para dividir a la clase y a la población, es una bendición para el empresariado español: inmigrantes en España, pero no… entre los españoles.

Y es cuando se nos presenta otro tipo de desviacionismo de nuestra tarea principal en lo referente a los cambios en la conformación de la clase obrera que vemos ante nuestros ojos. Desviacionismo que consiste en pedirnos que defendamos al Gobierno ante la xenofobia de las diversas corrientes de la extrema derecha y que no le exijamos más. Sin embargo, no podemos asistir pasivos a que se nos quiera hacer comulgar con el “esquinamiento” (consentido por el propio gobierno, supuestamente “humanitario”) de una población inmigrante que el sistema ha obligado a venir aquí, que está constantemente en tensión para ser admitida, y que políticamente no tiene papel ninguno mientras hace crecer el PIB del país que la esquina. Cifras oficiales hablan de que los trabajadores inmigrantes participan tres veces más que los autóctonos en el crecimiento del PIB.

Menos aún tenemos que admitir que haya una población inmigrante ilegal todavía más moldeable. O que haya una masa, sobre todo de mujeres, que trabaja en las casas con sueldos “en negro” (al albur de lo que decidan las familias que las acogen con el único requisito del empadronamiento). El porcentaje de inmigrantes en el servicio doméstico y en el de cuidados llegaría supuestamente al 40%, pero sabemos que es superior. Ello facilita que buena parte del asalariado autóctono no presione, ni a la patronal ni al Gobierno, para que suba el salario y haya una red de apoyo a las familias trabajadoras, tanto por el lado infantil como por el del cuidado de mayores. Y que, por el contrario, tengamos que aguantar la estupidez de que los servicios públicos están en crisis por la presión inmigrante mientras el gran empresariado hace su agosto de los beneficios producidos en gran parte por esos mismos “parásitos inmigrantes”.

Definitivamente, en la cuestión de la inmigración, estamos ante la guinda de los desviacionismos con respecto a nuestras tareas centrales.

Desde hace tiempo, tendríamos que haberle dado la vuelta a todo esto de manera prioritaria: hacer de la llegada de la inmigración proletaria una oportunidad de proyección revolucionaria, por más dificultades que se nos presenten. Unas dificultades que sabemos que se nos darán incluso en el propio trabajo entre los que llegan, donde las tácticas de acercamiento no serán como si fueran los autóctonos.

Debemos partir de una contextualización histórica de la inmigración que llega al capitalismo central, sobre todo en tiempos de crisis sistémica que ha terminado por golpear en su propio corazón. Lo hemos adelantado ya en algún texto: vivimos desde hace tiempo el gran tercer periodo de la explotación colonial. Tras el colonialismo propio al advenimiento y extensión mundial del capitalismo, llegó el neocolonialismo, donde los países centrales del campo imperialista se adaptaron a la independencia formal, meramente política, de las excolonias; entre otras cosas, boicoteando que llegara la verdadera independencia (golpes de Estado, sanciones, deuda externa, apoyo calculado a grupos armados opositores, etc.). Cuando se dificulta la misma explotación “a distancia”, y cuando se desmontan los Estados de bienestar que permitían mantener incluso una población asalariada “aristocratizada”, entonces, progresivamente se ven obligados a traer el tercer mundo al primero; eso sí, sin que se mezclen demasiado, como corresponde a la misma esencia colonial e imperial de siempre. Es el tiempo de la intracolonización.

El fenómeno de la inmigración en España —no solo, pero esencialmente— se da en este tercer gran periodo mundial que afecta a los países del campo imperialista. Y, además, como decíamos antes, siendo el nuestro un país de segundo nivel en ese campo de países desarrollados, lo que hace que esa masa colonial que se “importa” sea aún más precarizada y susceptible de ser desechada por la actividad económica donde se inserta.

No somos idealistas. Sabemos de las dificultades de todo tipo para integrar desde una línea revolucionaria a esa inmigración proletaria. Aun así, estamos ante una cuestión de principios en la que no se puede ceder sin perder nuestra condición revolucionaria y comunista. En tanto que comunistas, hay algo más importante que la clase obrera española: la clase obrera (venga de donde venga) en España. Por tanto, no hay posibilidad de desarrollar un proyecto revolucionario en nuestro marco estatal limitándonos a “ser solidarios” con los que vienen, partiendo solo de los “derechos humanos” o manteniéndonos a la defensiva en “bajo nivel de exigencia” frente a la xenofobia que fundamentalmente explicita el patrioterismo cínico y falso de las derechas extremas.

Así que la línea revolucionaria que defendemos no solo declara, como venimos haciendo, que hemos de poner a los inmigrantes en el centro de la recomposición de la clase obrera, sino que, por pertenecer a lo más extremadamente precarizado de esa clase (que es mundial por definición), debemos contribuir a que asuman puestos de vanguardia en la lucha contra el odioso capital. Y que, tras ser expulsados de sus países, tomen los puestos de mando para expulsar al capital de nuestras vidas todas, nativas o extranjeras.

Insistamos en que sabemos que estamos ante una tarea muy compleja, pero la tenemos que ver como un proceso donde, desde el principio, la militancia revolucionaria se plantee pasos a dar, tanto en el terreno de la legalidad como en el terreno político del día a día. 

De esta manera, partiendo de que para nosotros la llegada de la inmigración proletaria (y no solo en España) es una oportunidad de proyección revolucionaria y socialista, lo primero que debemos exigir es la sindicalización de toda la mano de obra inmigrante. Incluso en este aspecto, no es una condición sine qua non en qué sindicato. Es preferible un inmigrante en un sindicato oficialista que un inmigrante sin sindicar. Ya vendría después que se trabaje con él la línea sindical alternativa que venimos defendiendo. Al tiempo, se debe ir trabajando para que esa masa inmigrante tenga todos los derechos políticos como la población autóctona. Si el inmigrante interviene –como atestiguan las mismas cifras oficiales y la prensa económica– en la creación de riqueza de forma notable, en realidad merecen más los derechos políticos, incluso los electorales, que toda esa sarta de parásitos que integran la patronal y las finanzas, quienes no dejan de ser unos delincuentes económicos.

A partir de ahí, hay que hacer un trabajo de integración real en las empresas. Y en los barrios, que es donde mejor se puede contrarrestar la presión de división dentro de la misma clase y neutralizar la labor infame que realizan la extremas derechas en nombre de ese patriotismo cínico y demagógico.

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En resumidas cuentas, a la oligarquía le interesa contar con una extrema derecha que justifique que no se le pueda exigir a un gobierno que va de progresista que ponga en marcha medidas que esperan los que les otorgaron su voto. En definitiva, se utiliza la extrema derecha para limitar el trabajo militante que hay que desarrollar para la acumulación de fuerzas que acabe con el parasitismo antioligárquico, que es de lo que se trata y de lo que nos han desviado, desde hace más de tres lustros, primero Podemos, para, en el colmo de la perversidad, terminar por que se nos plantee que hay que salvar al “soldado Sánchez” de la jauría de herederos del Caudillo.

Pero también a quienes están en la cumbre oligárquica les interesa contar con la extrema derecha como fuerza de choque en caso de que tengan que ejercer más directamente su dictadura de clase, ya sea como trabajo sucio que compense el “respeto a la legalidad”, ya sea en caso de que se diese una situación revolucionaria. Ninguna estrategia precisamente revolucionaria puede obviar esto. Y, desde lo antes posible, hay que actuar con prevención ante ello.

Así, hay que combatir con inteligencia al progrerío desviacionista (en toda su panoplia), al tiempo que hay que hacerlo contra la ascensión de las fuerzas de choque de la extrema derecha neutralizando al máximo las oportunidades que tienen para crecer incluso con las peleas dentro del régimen del 78. (2)

Hemos intentado explicar “la potra” de Sánchez, por emplear el término de Rufián. Estamos convencidos de que allá por “las alturas” les ha estado conviniendo el a-punto-de-caer de Sánchez más que el Feijóo sin-margen-de-actuación; sin margen, sí, ante la mínima posibilidad de que se desestabilice la calle, ya sea por la cuestión nacional o la social, o por exigencias militaristas ante el agravamiento bélico internacional. Y hemos insistido en que esto es así mientras estemos en una fase sistémica preventiva y no en un escenario de agudización tanto estatal como internacional, donde entonces la barbarie nos llovería en tromba rápida y extensamente, caiga quien caiga, llevándose por delante si es preciso incluso a los protagonistas del escenario anterior, aunque no sean de las filas populares. Para entonces, sobrarían hasta los que quieran ir de postureo progresista para mantenerse en los mandos de la nave política.

NOTAS:

(1) ¿Y si el remedio a la inestabilidad diera más inseguridad… por las alturas?, Dualéctica nº1, febrero 2024

(2) Al respecto, ya escribimos que hay que seguir el criterio de los bolcheviques en el 17 contra los golpistas zaristas de Kornilov, sin dejar de considerar que el gobierno “progresista” de Kerenski era el obstáculo principal para llevar a cabo el programa revolucionario. Nunca se desviaron de la tarea suprema a favor del pueblo por más que, efectivamente, Kornilov quería ajustar cuentas con el (¡nada menos que!) socialista-revolucionario que entonces estaba en el gobierno. Los bolcheviques se enfrentaron a los dos y aprovecharon sus propios enfrentamientos.

CANDIDATOS A RECUADROS:

R1:

Aparentemente el Gobierno que recientemente se invistió representa una alternativa fragilísima para España. En realidad, hay que distinguir lo que en cada momento mucha gente percibe como estabilidad de otra estabilidad bien distinta: la estabilidad que la oligarquía financiera y Bruselas necesitan que se les garantice. (…) Muchos piensan que estamos ante una legislatura de corta proyección si tenemos en cuenta que el PSOE ha de pactar con 7 grupos (perdón, 8, que Podemos se ha restado de Sumar…) que le van a estar pidiendo que cumpla lo pactado. Y cumplir lo pactado, según voxifera el tándem de circunstancias formado por Feijóo y Abascal, es ‘cargarse la Constitución y la misma España’. Sin embargo, un análisis más sosegado del escenario hispano lleva a pensar que hay mucho de hipérbole en las arremetidas de esa derecha preñada de franquismo. Y que especialmente Feijóo se ve obligado a crispar a más no poder tan solo para llegar a este. (“¿Y si el remedio a la inestabilidad diera más inseguridad… por las alturas?”, Dualéctica nº1, febrero 2024)

R2:

“Es cierto que la situación no se nos presenta de forma sencilla, tanto para diagnosticarla como para posicionarse y actuar ante ella. Porque toda esa atención a la organización en nuestro país de bandas fascistas –que es sabido que ocurre cuando se da una crisis de podredumbre del sistema capitalista– debe hacerse al tiempo, y este es el aspecto principal, que habremos de oponernos a un gobierno que utilizará su ‘condición democrática’, y que es víctima de la extrema derecha, para someternos de facto al nada democrático dictado de la oligarquía parasitaria financiera y de Bruselas.” (“Una batalla ajena, de la que extraer lecciones y advertencias propias”, Dualéctica nº1)