Editorial Pim pam pum: El capitalismo y la factura de la luz

Red Roja Vallecas

Nos centramos hoy en el precio de la electricidad porque la llegada del invierno – el frío y más horas de oscuridad – recrudece una situación que ya era límite para muchas familias, y porque la propiedad privada de la producción y suministro eléctrico en manos de multinacionales y con exministros de gobiernos de todos los colores llenando sus consejos de administración, hacen que sea especialmente evidente el robo a mano armada a que nos someten diariamente.

De entrada, algunos datos. En medio de una pandemia en la que han aumentado espectacularmente el número de personas que han sido despedidas, desahuciadas o trabajan con salarios que no les permiten llegar a fin de mes. El precio de la luz se dispara un 27% en el inicio de 2021 en plena ola de frío. Con los datos de los primeros siete días del año, la factura eléctrica del usuario medio se situaría en 80,71 euros, lo que representa un incremento del 19,3% sobre los 67,67 euros de las mismas fechas del año pasado. Tras esas frías cifras está el drama de no poder conservar los alimentos, de que no haya luz para que los niños estudien, para conectar el ordenador o de no poder calentarse. Según estudios recientes, en el Estado español, la mitad de los niños pasan frío en sus casas durante el invierno y 7,8 millones de personas viven con goteras o humedades. Los 98 días sin luz ni calefacción que llevan los 4.000 vecinos de la Cañada Real Galiana, en la periferia de la capital, es la parte más visible de un problema que afecta a cientos de miles de familias en el Estado español y vuelve cada invierno con renovada fuerza. Y con especial intensidad en estos días de enero, con una de las olas de frío más severas de los últimos años. Enfermedades e infecciones respiratorias, temperaturas bajo cero, la pasividad de Naturgy en la Cañada Real, la empresa responsable, y de las diversas instituciones, chocan con las declaraciones del Gobierno central, que prohibió por Real Decreto el pasado 23 de diciembre los cortes de suministro a las familias vulnerables. «Estamos pasando muchísimo frío, por las noches no puedo dormir porque me congelo del frío que hace. He bajado mucho en las notas porque no he podido entregar los deberes y trabajos online».

Cañada son también 1.812 niñas y niños representados en esas cartas dirigidas a los responsables de Naturgy que algunos leyeron en medio de la concentración. «Me llamo Salma y he escrito esta carta para pediros que nos devolváis la luz, estamos pasando muchísimo frío, por las noches no puedo dormir porque me congelo del frío que hace. He bajado mucho en las notas porque no he podido entregar los deberes y trabajos online. Para ducharnos es super difícil calentando el agua en ollas. En casa, somos cinco, mi hermano pequeño tiene 3 años y se pasa el día llorando porque quiere salir y se aburre, pero cuando salimos y tenemos que volver a casa él no quiere porque estamos a oscuras. La estamos pasando fatal, cada vez que vuelvo del insti tengo que buscar algún sitio para poder hacer los deberes», describió sobre el día a día. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas «con el fin de prevenir daños irreparables» ha solicitado al Estado español que adopte «medidas provisionales» para proporcionar a una niña de la Cañada Real «los servicios médicos y sociales necesarios, incluido un alojamiento adecuado para las necesidades de su salud, sin separarla de su familia». El pedido del organismo se realizó antes de fin de año y a día de hoy la familia asegura que ninguna autoridad responsable se ha puesto en contacto con ellos para ofrecer una solución. Los cortes de suministros son solo la parte más dramática de la pobreza energética, una realidad que afecta con distintos grados al 15% de la población residente en España, unos 6,8 millones de personas, según el Informe de Pobreza Energética en España 2018, de la Asociación de Ciencias Ambientales. Algunos estudios cifran en 7.100 las muertes prematuras causadas por la pobreza energética. España, por debajo de la media europea en salarios, es el cuarto país con el gas más caro de Europa, según Eurostat. Según los datos de esta agencia europea, en 2018, un 9,1% de la población española no podía permitirse mantener su casa suficientemente caliente. El Bono Social, que reduce un mísero 25% en la factura de la luz y que sólo beneficia a los 2,4 millones de usuarios considerados más vulnerables, ha sido anulado por una sentencia del santo y alto Tribunal Supremo, que además obliga al Estado a resarcir – con dinero público, obviamente a las empresas eléctricas. Estas empresas proceden de la privatización de la originaria ENDESA (Empresa Nacional de la Energía). Su venta la empezó el gobierno del PSOE en 1988, continuaron los gobiernos del PP y terminó su privatización con el gobierno de Zapatero en 2009. Según un informe de la CNE (Comisión Nacional de Energía) tres empresas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural dominan el 90% del mercado y según los datos de Eurostat España es uno de los países de Europa con la electricidad más cara. Las tres empresas se han embolsado beneficios por valor de 56.624 millones de euros desde que comenzó la crisis. Si tomamos el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el tercer trimestre de 2015 (último del que hay datos), su beneficio neto asciende a más de veinte millones diarios. El secreto de este monumental negocio es que empresas privadas compraron a precio de saldo empresas públicas (la inmensa mayoría procedentes del antiguo Instituto Nacional de Industria INI) y que venden sus servicios en régimen de casi monopolio a una clientela cautiva, es decir, obligada a comprar bienes de primera necesidad.

El mismo caso se da con el agua, los combustibles, la telefonía, los transportes… y ahora con la gestión privada de la sanidad, la educación o los servicios sociales. Este milagro capitalista, de venturas sin riesgos, se ha hecho con la decisiva complicidad – remunerada con cientos de miles de euros anuales -de políticos de todos los colores. Tres presidentes, más de 20 ministros y varias decenas de secretarios de Estado han pasado de crear las reglas del mercado eléctrico a cobrar millonarios sueldos en los consejos de administración de las principales empresas del sector. Empezando por los directamente vinculados a la Dictadura- como Martín Villa y responsable directo de la matanza de trabajadores en Vitoria-Gasteiz en marzo de 1976, y presidente del Consejo de Administración de Endesa entre 1997 y 2002, y siguiendo por un enorme listado de ex ministros y ministras de todos los gobiernos, que encabezan José María Aznar (Endesa) y Felipe González (En 2010, en lo peor de la crisis económica, saltó la noticia más indignante: el que lo fue todo en España durante 14 años fichaba como consejero de Gas Natural con un sueldo mínimo de 126.500 euros anuales. Cinco años y casi medio millón de euros después, el ex presidente dejó el consejo de la compañía ya que el trabajo le resultaba «aburrido»). Según datos de El Economista, la remuneración de un consejero externo independiente, una figura muy utilizada entre los políticos retirados, es de 240.000 euros anuales en Endesa, de 374.000 euros en Iberdrola, de 178.000 euros en Red Eléctrica Española y de 225.000 euros anuales en Naturgy. El propio Felipe González llegó a cobrar cerca de medio millón de euros de Gas Natural (hoy Naturgy) en cuatro años de trabajo antes de abandonar la compañía porque el trabajo le resultaba «aburrido». Un sueldo considerable, pero no tanto como el de Beatriz Corredor, ex ministra de Vivienda con el PSOE y presidenta de Red Eléctrica de España desde febrero de 2020: nada menos que 546.000 euros en un solo año. El actual régimen de incompatibilidades no ha impedido que se generalicen las puertas giratorias y los intentos de reformarlo se han estrellado antes de despegar. En septiembre de 2020, Iberdrola fichaba a la exministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y a la antigua titular de Empleo, Fátima Báñez, para dos de sus filiales en Brasil y México. 

Las eléctricas sueñan con los políticos

Hay historias personales que explican muy bien cómo funcionan las puertas giratorias. Fijémonos por un momento en la trayectoria personal de Carmen Becerril. Afín al PP, fue un alto cargo dentro de la Secretaría de Estado de Energía durante el primer mandato de José María Aznar. Podría parecer un puesto no muy importante. Pero sucede que en esas oficinas, en ese momento preciso, se diseñaban las bases del futuro modelo eléctrico español, nada menos que la famosa ley 54/1997. Entonces, los teléfonos no dejaban de sonar, cuenta la propia Becerril. «Estoy muy preocupado por la salud del Papa», soltó el entonces secretario de Estado de Energía en una reunión. Tras unos segundos de sorpresa general resolvió el chiste: era el único que no había llamado preguntando por la ley. También se pasa por alto el detallito de que los precios de la electricidad en España son los más altos de la Unión Europea y que las eléctricas españolas son líderes europeas en precios y también en beneficios.

En lugar de encarar esta situación, lo que está ocurriendo es que las personas afectadas por la pobreza energética cada vez tienen más deudas con las compañías y sufren «un verdadero asedio por parte de las empresas distribuidoras a través de empresas de recobro, que emiten llamadas de manera insistente a lo largo del día para reclamar una deuda impagable» como denuncian las mujeres entrevistadas para el informe de Barcelona, en una realidad que no es exclusiva de esa ciudad. Además, «solo las cinco grandes compañías eléctricas de nuestro país pueden ofrecer las tarifas reguladas por el gobierno», lo que hace casi imposible que estas familias se atrevan a cambiar sus contratos a compañías distribuidoras que no forman parte de este oligopolio, más pequeñas y con criterios sociales y ambientales. Este escarnio cotidiano que sufrimos no afecta sólo a la electricidad. Para desmentir a los enfoques afectados por el posmodernismo hegemónico que se ven en la obligación de añadir adjetivos hablando de «pobreza energética» – intentando trocear la realidad en partes para que no veamos en su conjunto las dimensiones de guerra social del capital contra la clase obrera – desde 2008 el aumento del precio de los servicios básicos triplicó el de los sueldos. Es decir, es el mismo sector social el de las personas desempleadas que no cobran el paro, las pensionistas, las que no pueden pagar los transportes, la luz, el agua o el teléfono y las que son desahuciadas porque no pueden pagar el alquiler o la hipoteca. El misterio que tanto quieren mantener oculto es que todo recae sobre los mismos, no al azar, sino sobre quienes crean la riqueza y quienes hacen que todo funcione cada día: el pueblo y el nuevo (y viejo), proletariado, mujer, inmigrante, joven, quienes no tienen más riqueza que la que proviene de vender su trabajo en el «mercado laboral»; en definitiva, la clase obrera. Frente a esta descomunal violencia social, a todo este robo a mano armada (dicho en sentido estricto porque el expolio no se mantendría sin los aparatos de represión que dirigen contra nosotros) una de las reivindicaciones centrales es la expropiación y la socialización de todas las empresas que producen bienes y servicios de primera necesidad empezando por las eléctricas, de la banca y de todos los recursos naturales. Al respecto, merece la pena recordar que Podemos defendía la nacionalización de las eléctricas en las elecciones europeas de 2014, que ya en 2015 era sustituida por la alusión genérica – que hasta el PP firmaría  de  mejorar el sector eléctrico».

Al tiempo que sostenemos esas reivindicaciones es preciso fortalecer la resistencia mediante la lucha concreta para detener cada desahucio, por resolver materialmente el derecho a la luz o al agua en cada barrio (mediante «enganches» organizados y defendidos colectivamente), por comedores escolares gratuitos, etc.; y para ello hay que organizarse en cada manzana de casas, en cada lugar de trabajo o de estudio. En definitiva, preparar nuestro poder, nuestra fuerza, esa que es invencible cuando el pueblo se organiza.