Comisión de Reconstrucción de la Sanidad: aún ahora, la privatización avanza

[Francés]: Commission de Reconstruction de la Santé: même aujourd’hui, la privatisation avance

Objetivo: convertir los centros sanitarios en empresas.

Ángeles Maestro

Juan Antonio Gómez Liébana

En la Comisión de Reconstrucción se pretende ultimar un nuevo episodio del expolio de la Sanidad Pública. Se asienta en un proceso de privatización y desmantelamiento de los servicios públicos que comenzó a gestarse a finales de los años ochenta. Es importante recordarlo para entender la continuidad de las políticas de los gobiernos al servicio del capital.

En 1989, gobernando en Gran Bretaña Margaret Thatcher, se publicó “Working for patients”, un libro blanco para la privatización del servicio de salud más importante de Europa Occidental. Este informe, que mantenía las apariencias de lo público – la financiación pública y la gratuidad del servicio – se constituyó en programa marco para la mercantilización y la gestión del sistema sanitario.

En 1991 el PSOE encargó a una comisión de “expertos”, la llamada Comisión Abril1, la elaboración de un documento para “garantizar la sostenibilidad del SNS”.

En todas las Subcomisiones había “expertos” propuestos por aseguradoras privadas, industria farmacéutica, y por lo que llaman sociedad civil: bancos, empresas inmobiliarias, fondos de inversión, etc. El objetivo real, y por supuesto no reconocido, era transformar en beneficios privados el ingente presupuesto público. Sus conclusiones escondían la privatización del SNS, como a los pocos años se pudo demostrar con la aprobación de la Ley 15/97, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud2.

Bajo el discurso de la “modernización” de la sanidad se introdujo masivamente el derecho privado y la gestión empresarial en el ámbito sanitario. Se aplicaron las recetas típicas de la empresa privada (ahorro disfrazado de eficiencia y sostenibilidad, precarización masiva del personal, colaboración público-privada, sustitución del derecho público por el privado, etc.), con los resultados conocidos por todo el mundo.

De esta forma, 6 años después del citado Informe Abril se abrió en canal el Sistema Nacional de Salud para que pudieran penetrar a placer todo tipo de empresas, eso sí garantizando la “naturaleza pública” de los diferentes experimentos. Esa “naturaleza pública” es algo así como el misterio de la Santísima Trinidad. El secreto fundamental es que el dinero salga del presupuesto público, se gestione con los menores controles posibles de la calidad asistencial y de la contratación, se apliquen a discreción los contratos basura y se transforme en beneficios el mayor porcentaje posible.

No es sorna, el tiempo nos ha demostrado que cuando el PSOE hablaba de naturaleza pública, es que público iba a ser el dinero que se iban a embolsar la multiplicidad de fórmulas organizativas que la patronal privada ha utilizado para asaltar las arcas públicas; sí, esos 71.000.000 millones de euros que sacan de nuestros impuestos.

Parece que la historia se repite. La Comisión para la Reconstrucción está trabajando para vendernos las bondades de la colaboración público-privada y de la gestión empresarial en los centros de gestión directa, en un envoltorio nuevo.

De nuevo el PSOE, ahora con la colaboración inestimable de Podemos. Y todo ello, a pesar de que la actual ministra de Igualdad formó parte de la plataforma Matusalén, que junto a CAS lideró entre 2005-2012 la lucha por la derogación de la Ley 15/97. En aquella época Irene Montero participó en la campaña por la derogación de la Ley 15/97 que logró presentar 500.000 firmas en el Congreso gobernando Zapatero. Pero al asaltar las moquetas se dejan en el trastero las luchas de juventud.

En treinta y tres páginas, con sesenta y ocho recomendaciones, han conseguido, con una habilidad sorprendente, lo que la patronal de la sanidad soñaba: no mencionar siquiera la causa central del desastre vivido con la pandemia del Covid – 19, es decir la penetración del negocio privado en la sanidad pública.

El objetivo mayor del capital es la privatización total del sistema, como en EE.UU. A ese objetivo sirvieron los recortes del gasto utilizando el chantaje de la Deuda, realizado a través de sus grupos de presión, sobre todo de la Unión Europea. El resultado: desmantelamiento de la sanidad pública e insoportables listas de espera. La consecuencia, el ascenso meteórico de las pólizas de las aseguradoras privadas.

Mientras tanto, la finalidad del capital es hacerse con la mayor cantidad posible de los 70.000 millones de euros anuales del presupuesto sanitario público. ¿Nada de esto, que ha sido percibido por la gente corriente durante la pandemia, ha podido ver la Comisión de Reconstrucción? Ningún “experto” les ha explicado que:

  • Las listas de espera han servido como pretexto para aumentar el gasto en conciertos con clínicas privadas de patologías rentables, permitido por el artículo 90 de la Ley General de Sanidad. El gasto estatal promedio en conciertos es del 12%, en Cataluña alcanza el 25% y en CC.AA como Madrid o Baleares se ha duplicado en los últimos años.
  • La gestión privada de hospitales financiados con dinero público, resultado directo de la Ley 15/97, realiza el sueño dorado de cualquier capitalista: contar con financiación pública, tener la clientela asegurada, poder imponer condiciones de precariedad laboral, supeditar los recursos ofertados a la obtención de beneficios y seleccionar pacientes rentables. A este concepto se destina más del 10% del gasto, por ejemplo, en Madrid.
  • La multitud de servicios privatizados, muchos desde hace décadas, algunos esenciales como la limpieza, cocinas, lavanderías, laboratorios, diagnóstico por la imagen, etc., con el correspondiente deterioro del servicio y cuyos concesionarios son bancos, inmobiliarias, farmacéuticas o fondos de capital-riesgo.
  • La industria farmacéutica que controla cerca del 25% del gasto sanitario público y que tiene en sus manos la producción, distribución y venta mayorista de medicamentos. También domina, en la práctica, el registro de medicamentos, la publicidad de los mismos, los planes de estudio del personal médico y de enfermería, la investigación, la formación continuada de personal médico y las decisiones políticas a través de la eficacia demostrada de las “puertas giratorias”. La Comisión ha seguido la senda de lo ocurrido con la Hepatitis C. Entonces no se hizo nada para emitir licencia obligatoria y aplicar el criterio de utilidad pública que hubiera permitido fabricar un genérico 200 veces más barato3. Ahora tampoco se menciona tal posibilidad. Ni una palabra sobre la creación de una industria sanitaria pública4.

Las Conclusiones de la Comisión constituyen un imposible equilibrio para ignorar los dos pilares básicos sobre los que se asienta un sistema sanitario equitativo, capaz de reducir las desigualdades en la atención sanitaria y que consiga la mayor calidad con el menor gasto: la incompatibilidad absoluta entre lo público y lo privado y la planificación democrática e integral del sistema sanitario en función de objetivos de salud previamente diagnosticados.

Si se oculta lo esencial se pueden llenar páginas con farfolla perfectamente inútil y con propuestas contradictorias. Los ejemplos en estas Conclusiones de la Comisión son abrumadores:

  • Se habla de gestión “emprendedora” para no hablar de la empresarial, aunque el sinónimo es evidente. Se utiliza la supuesta panacea de la aplicación de la personalidad jurídica “a todos los centros sanitarios para asegurar la autonomía de gestión presupuestaria, de compras, de personal, etc.” para extender las “Unidades de Gestión Clínica”. La llamada “gestión clínica” es un eufemismo inventado para ocultar su nombre original “Unidades de Gestión Empresarial”, más difícil de camuflar. Hace años ya explicamos su funcionamiento en atención primaria5, y nuestras sospechas de enriquecimiento privado se vieron confirmadas6.
  • En el caso de la atención especializada, se trata de que servicios o grupos de servicios rentables de un hospital se doten de personalidad jurídica, conformando una especie de microempresas dirigidas por una élite de médicos, con un contrato programa basado en objetivos de actividad (tantas intervenciones, tantas pruebas, tantas consultas, tantas altas) y no en objetivos de salud. La experiencia ha demostrado el enorme fraude inherente a este modelo, exactamente el mismo que ocurre en la gestión privada: altas precoces que reingresan o mueren y no se contabilizan, prescripción de pruebas innecesarias o no realización de las adecuadas o selección de pacientes “rentables”. Y eso sucede no porque tengan perversos instintos, sino porque del ahorro dependerá el reparto anual de beneficios. Exactamente igual que el dueño de una empresa que ahorra en materias primas o en el incremento de la explotación de su plantilla. Es la lógica del capital.

Así, se plantea aplicar la gestión “emprendedora” con personalidad jurídica a “todos los centros sanitarios”, reestructurando ”internamente los hospitales o las redes de hospitales en Áreas o Unidades de Gestión Clínica”, creando un espacio de co-gobierno basado en los Acuerdos de Gestión Clínica. Por supuesto, con competencias en la gestión de personal. ¿Alguien puede explicar dónde quedan las buenas palabras del documento en cuestión sobre la eliminación de la precariedad laboral y la escasez de personal cuando el equipo dirigente de la “Unidad de Gestión Clínica” del centro en cuestión tenga manos libres para contratar personal, gestionar bajas y, en general, utilizar la precariedad y la correspondiente amenaza de despido como chantaje laboral?.

  • A la misma finalidad de camuflar los verdaderos objetivos cuando los vientos de la opinión pública – tras los escándalos vividos – no son favorables a todo lo que suene a sanidad privada, responde el críptico párrafo en el que se dice: “…Servicios Autonómicos de Salud, frecuentemente encorsetados en sus capacidades de decisión, explorando las fórmulas jurídicas y organizativas más adecuadas para ello”. Se trata de “confundirse con el paisaje” como recomendaba un destacado representante de la sanidad privada. Lo que sucede es que ya nos sabemos la cantinela. Los “corsés” son la Intervención Pública que obstaculiza contratos a dedo, los convenios y el Estatuto Marco, los Tribunales de Cuentas, y, en general, todo lo que en el Derecho Público está previsto para controlar la administración de los recursos públicos.
  • La Atención Primaria (AP) se ha ido degradando a medida que avanzaban los objetivos de privatización y se ha mostrado en todo su patetismo con el Covid, en Comunidades Autónomas como Madrid. La AP debiera jugar un papel central en un sistema que funcionara con objetivos de mejora de la salud y reducción de la enfermedad, centrado en la prevención y en la acción comunitaria, absolutamente claves, especialmente en situaciones de epidemia. Al igual que en la medicina privada, en la actual AP no se considera en absoluto el medio social y laboral y el paciente se reduce a un órgano enfermo, con el consiguiente deterioro de la calidad asistencial. La atención primaria se convierte así en un mero apéndice de la atención especializada, y sobre todo del hospital. Nada de ésto se aborda en las Recomendaciones, cuando este modelo, entre otras cosas, reduciría sensiblemente la sobrecarga en centros de especialidades y hospitales.
  • Algo muy parecido sucede con los servicios de Salud Pública, Epidemiología o Sistemas de Información. En un sistema fragmentado, meramente asistencial, sin planificación en función de objetivos de salud y de reducción de la enfermedad, esas unidades que deberían regir el funcionamiento del conjunto del sistema, son meros aditamentos perfectamente prescindibles y sin ningún peso decisorio real como ha quedado demostrado en la pandemia del Covid19.
  • A muchas voces defensoras de la sanidad pública se les ha pretendido consolar con la propuesta de la Comisión de Reconstrucción en la que se propone que el incremento presupuestario vaya dirigido sólo a los centros con gestión directa pública. La ingenua credulidad se convierte en irresponsabilidad cuando se comprueba, como ahora, que las consecuencias son miles de muertes perfectamente evitables. Porque los intereses del capital privado no han cambiado, solo intentan como ellos mismos dicen “confundirse con el paisaje”. Porque, ¿qué son las Unidades de Gestión Empresarial – sin eufemismos – que pretenden hacerse extensivas a todos los centros sanitarios? ¿Son gestión pública directa, cuando del ahorro dependen los incentivos del equipo directivo y este puede comprar, como les gusta decir “externalizar”, servicios, contratar o no personal y aplicar los perversos mecanismos de ahorro ya descritos? ¿Es o no gestión pública directa, la decisión de entes con personalidad jurídica de concertar con la sanidad privada intervenciones quirúrgicas de baja o mediana complejidad, las más rentables?. Los conciertos van a seguir extendiéndose mientras siga vigente el artículo 90 de la Ley General de Sanidad: quien concierta con la privada son los gerentes de cada hospital, eso sí, con el dinero de la gestión directa.
  • El tratamiento de la Salud Mental en el citado Informe es un escarnio cuando los gobiernos centrales, del PSOE y del PP, eliminaron de la cartera servicios aspectos clave como la psicoterapia, y han asistido impasibles al desmantelamiento por parte de diferentes gobiernos autonómicos de los servicios públicos comunitarios de salud mental. Empezaron por liquidar la Psiquiatría Infantil y la Psicología y los Centros se transformaron en meras consultas de psiquiatría en los hospitales. Y esta desaparición tampoco es casualidad: desde hace mucho tiempo los medicamentos más prescritos son ansiolíticos y antidepresivos, a mayor gloria de la industria farmacéutica.

Se dedica a Salud Mental escuetamente un punto, el último, que dice así: “Incrementar significativamente la inversión en salud mental, construyendo un verdadero sistema integral de atención, que combata la estigmatización, que tenga un enfoque de género y de derechos humanos”. Sobran los comentarios.

  • Otro tanto sucede con la salud laboral, en manos de las Mutuas Patronales que la han convertido en un instrumento más de explotación y de penalización de la enfermedad. Todo ello en un Estado que ocupa el primer lugar de la UE en accidentes mortales de trabajo y en el que prácticamente las enfermedades profesionales no existen, porque ni se diagnostican, ni se les reconoce tal categoría. El amianto es el último y criminal ejemplo. Se dedica a la salud laboral un único artículo, cuya credibilidad habla por sí misma: ”Reforzar los servicios de medicina preventiva y de prevención de riesgos laborales en todos los niveles asistenciales”.
  • Otro aspecto destacable es el medio ambiente, que el documento solo toca en un punto, prometiendo un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente. El medio ambiente es hoy día responsable de gran parte de las patologías crónicas de los países mal llamados desarrollados. La evidencia científica demuestra que muchas de esas patologías son producidas por los miles de tóxicos que impregnan todos los aspectos de la vida diaria, desde el trabajo, la casa, o el ocio. Siendo así, se elude dar autoridad a los centros sanitarios para que, ante evidentes ataques a la salud colectiva como es el caso de las industrias tóxicas7, puedan actuar sobre los “productores de enfermedad”, olvidando el sentido común más básico: “Prevenir lo que no sabemos curar”.

Se podría argüir que existen promesas esperanzadoras, a la espera de que realmente se concreten en algo real. En este grupo estaría el refuerzo de la atención primaria; el desarrollo de una red de hospitales de media y larga estancia (déficit histórico en el Estado español); la posible vinculación de la atención sanitaria a las residencias de mayores desde atención primaria; la eliminación progresiva” del copago de medicamentos; ”el aumento de los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud hasta alcanzar al menos la media europea en porcentaje del PIB estabilizado al final de la legislatura”; y el “incremento significativo de camas hospitalarias de gestión y titularidad pública en todo el país al final de la legislatura, la mayoría de ellas de larga y media estancia”. En los próximos meses veremos si se concretan o no dichas propuestas, y si todos los servicios de salud las aplican.

De cualquier forma, después de no dedicar ni una sola palabra a la privatización de la sanidad pública – cuando sus tentáculos atraviesan de diferentes formas todo el sistema sanitario – decir que se va a incrementar la financiación sirve para engañar a incautos y es, desde luego, una estupenda noticia para el negocio privado: ese aumento del gasto irá a parar a sus cuentas de resultados. La privatización de la sanidad, la que no es citada ni una vez en las Conclusiones de esta Comisión, insistimos, goza de buena salud. Como muestra, en el periodo 2014-2018, el crecimiento de la facturación de los hospitales privados no benéficos fue de casi 1.000 millones de euros, un crecimiento del 16,71%. Al mismo tiempo, los seguros privados han aumentado el número de pólizas en casi un 15% entre 2015 y 2019, llegando a superar ya los 10 millones, mientras el volumen de las primas de las compañías ha crecido un 20%8.

La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad lleva desde 2004 luchando por la incompatibilidad absoluta entre sanidad pública y negocio privado y exigiendo un sistema público planificado en función de objetivos de salud con participación de la población.

Ante las desastrosas consecuencias de la pandemia por Covid 19 ha promovido la reivindicación de los siguientes puntos que 160 organizaciones del Estado respaldan.

Nunca más muertos evitables, Nunca más negocio con la sanidad

 1. Derogación de la ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad. Rescate de todo lo privatizado. Potenciación y desarrollo de un nuevo modelo de atención primaria centrada en la salud colectiva, y no solo en la atención individual. Supresión de redes paralelas. Incompatibilidad absoluta público-privado. Fuera las empresas de la sanidad. Sanciones y/o intervención de aquellos centros privados que no han utilizado sus recursos o han cerrado en plena pandemia.

2. Por una industria sanitaria y farmacéutica pública.

3. Sanidad para todos, independientemente de la situación administrativa.

4. Cuidados de nuestros mayores con dignidad

5. Por un sistema sanitario centrado en los determinantes sociales de la salud y la enfermedad.

Por un sistema público, universal, y con gestión democrática

1 En el año 1991, gobernando el PSOE con mayoría absoluta el Ministro García Vargas encargó al banquero y exgobernador civil con Franco, Fernando Abril Martorell, la redacción de un Informe para la modernización y sostenibilidad de la sanidad pública. El Informe que era todo un programa para la privatización, causó tanto escándalo – fue dado a conocer por IU antes de que los autores lo hicieran, que jamás vio la luz, aunque sus conclusiones fueron aplicadas por diferentes gobiernos del Estado y autonómicos. http://www.congreso.es/public_oficiales/L4/CONG/DS/CO/CO_306.PDF

2 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-9021

3 Hepatitis C: 1.500 millones de € que podían haber sido 12 millones de €.

http://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/530-hepatitis-c-1-500-millones-de-que-podian-haber-sido-120-millones-de

4 http://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/1144-porque-es-imprescindible-crear-una-industria-sanitaria-publica#_ftn2

5Todo lo que deberías saber sobre el funcionamiento de las Unidades de Gestión Clínica.

http://www.casmadrid.org/docStatic/Unidades_Gestion_Clinica.pdf

6 Médicos públicos ganan 1,5 millones al vender adjudicaciones sanitarias

https://elpais.com/ccaa/2016/05/15/catalunya/1463345760_421932.html

7 Nos envenenan diariamente: industrias y Administración, cómplices.

http://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/562-nos-envenenan-diariamente-industrias-y-administracion-complices

8 La sanidad privada alcanzó antes de la pandemia su récord de negocio https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/03/la_sanidad_privada_alcanzo_antes_pandemia_record_negocio_108405_1012.html

[Francés]

Commission de Reconstruction de la Santé: même aujourd’hui, la privatisation avance

15/07/2020

(Ángeles Maestro)

En 1989, alors que Margaret Thatcher gouvernait la Grande-Bretagne, fut publié “Working for patients“, livre blanc pour la privatisation du plus important service de santé d’Europe occidentale. Ce rapport qui préservait les apparences du public – le financement public et la gratuité du service – s’est constitué en programme-cadre pour la commercialisation et la gestion du système de santé.

En 1991, le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol (PSOE) chargeait une commission d’experts, dite Commission Abril [1], d’élaborer un document pour « garantir la viabilité du Système National de Santé ».

Dans toutes les sous-commissions il y avait des ”experts” proposés par des assureurs privés, par l’industrie pharmaceutique et par ce qu’on appelle la société civile: banques, sociétés immobilières, fonds d’investissement, etc. L’objectif réel, et bien sûr non reconnu, était de transformer l’énorme budget public en profit privé. Leurs conclusions cachaient la privatisation du SNS, comme le démontra, quelques années plus tard, l’approbation de la loi 15/97 sur les nouvelles formes de gestion.

Sous le discours de la “modernisation” de la santé, le droit privé et la gestion d’entreprise ont été massivement introduits dans les soins de santé. Les recettes typiques de l’entreprise privée ont été appliquées (économies déguisées en efficacité et durabilité, précarisation massive du personnel, collaboration public-privé, substitution du droit public au droit privé, etc.) avec les résultats connus de tous.

C’est comme ça que 6 ans après le Rapport susmentionné, le Système National de santé a été déchiqueté pour permettre à tout type d’entreprises de pénétrer librement, garantissant, bien entendu, la “nature publique” des différentes expériences. Cette “nature publique” est en quelque sorte le mystère de la Très Sainte Trinité. Le secret fondamental en est que l’argent sorte du budget public, qu’il soit géré avec le moins de contrôle possible de la qualité des soins et du recrutement, que des contrats précarisés soient appliqués de manière discrétionnaire et que le plus grand pourcentage possible soit transformé en profit.

Ce n’est pas une blague, le temps nous a montré que lorsque le PSOE parlait de «nature publique», c’était que l’argent qui allait être empoché par les nombreuses formules d’organisation que les employeurs privés ont utilisées pour piller les caisses publiques, cet argent était bel et bien public; oui, ce sont les 71.000 millions d’euros qu’ils prélèvent sur nos impôts.

On dirait que l’histoire se répète. La Commission pour la Reconstruction travaille à nous vendre les bienfaits du partenariat public-privé et de la gestion d’entreprise dans les centres de gestion directe, dans un nouvel emballage.

Et encore le PSOE ; maintenant avec la collaboration inestimable de Podemos. Et tout cela, malgré le fait que l’actuelle ministre de l’Égalité faisait partie de la plateforme Matusalén, qui a mené, avec la CAS [Coordinadora antiprivatización de la sanidad], la lutte pour l’abrogation de la loi 15/97 de 2005 à 2012. À cette époque, Irene Montero participait à la campagne pour l’abrogation de la loi 15/97, qui a réussi à présenter 500 000 signatures pour l’abrogation de ladite loi au Congrès sous l’administration de Zapatero. Mai quand on assaille les fauteuils…, les luttes de jeunesse sont laissées dans le débarras.

En trente-trois pages, avec soixante-huit recommandations, ils ont réussi, avec une habileté surprenante, ce que le patronat de la santé rêvait : ne pas même mentionner la cause centrale du désastre vécu avec la pandémie de la Covid’19, la pénétration du secteur privé dans la santé publique.

L’objectif principal du capital est la privatisation totale du système, comme aux États-Unis. À cet effet, les réductions de dépenses effectuées par le chantage de la dette, par l’intermédiaire de ses groupes de pression, notamment de l’UE, ont servi cet objectif. Le résultat : démantèlement de la santé publique et les insupportables listes d’attente. La conséquence…, l’ascension météorique des polices des assureurs privés.

Entre-temps, l’objectif du capital est s’emparer autant que possible des 71 milliards d’euros annuels du budget de la santé publique. La Commission de la Reconstruction n’a-t-elle rien vu de tel, quand tous les gens ordinaires l’ont vu pendant la pandémie? Aucun “expert” ne leur a expliqué que :

– Les listes d’attente ont servi de prétexte à l’augmentation des dépenses pour augmenter les accords avec des cliniques privées pour des pathologies rentables, ce qui est autorisé par l’article 90 de la loi générale sur la santé. La moyenne des dépenses de l’État est de 12 %, en Catalogne elle atteint 25 % et dans les communautés autonomes comme Madrid et les Baléares, elle a doublé ces dernières années.

– La gestion privée des hôpitaux financés par des fonds publics, conséquence directe de la loi 15/97, accomplit le rêve d’or de tout capitaliste : disposer de financement public, s’assurer la clientèle, pouvoir imposer des conditions de travail précaires, subordonner les ressources à l’obtention de bénéfices et sélectionner des patients rentables. À Madrid, par exemple, plus de 10 % des dépenses sont affectées à ce concept.

– La multitude de services privatisés, dont beaucoup depuis des décennies, certains essentiels tels que le nettoyage, les cuisines, les blanchisseries, les laboratoires, l’imagerie diagnostique, etc., avec la détérioration correspondante du service et dont les concessionnaires sont des banques, des agences immobilières, des industries pharmaceutiques ou des fonds de capital-risque.

– L’industrie pharmaceutique qui contrôle près de 25 % des dépenses de santé publique et qui contrôle la production, la distribution et la vente en gros de médicaments. Elle domine également, dans la pratique, l’enregistrement des médicaments, la publicité, les programmes d’études en médecine et en soins infirmiers, la recherche, la formation médicale continuée et les décisions politiques grâce à l’efficacité prouvée des “portes tournantes”. La Commission a suivi le même chemin que pour l’hépatite C : pas une seule démarche n’a été entreprise pour délivrer une licence obligatoire et appliquer le critère d’utilité publique et fabriquer un générique 200 fois moins cher [2]. Pas un mot dans le Rapport sur la création d’une industrie de la santé publique.

Les conclusions de la Commission constituent un équilibre impossible à fin d’ignorer les deux piliers fondamentaux sur lesquels repose un système de santé équitable, capable de réduire les inégalités dans les soins de santé et qui obtienne la meilleure qualité avec le moins de dépenses: l’incompatibilité absolue entre le public et le privé et la planification démocratique et intégrale du système de santé en fonction d’objectifs de santé préalablement diagnostiqués.

Si l’essentiel est caché, on peut remplir des pages clinquantes parfaitement inutiles et avec des propositions contradictoires. Les exemples en sont accablants:

– On parle de gestion «entreprenante» pour ne pas dire «d’entreprise», même si le synonyme est évident. On utilise la prétendue panacée de l’application de la personnalité juridique “à tous les établissements de santé pour assurer leur autonomie de gestion budgétaire, d’achats, de personnel, etc. avec l’objectif d’étendre les ‘Unités de Gestion Clinique’”. Ce que l’on appelle la “gestion clinique” est un euphémisme inventé pour masquer son nom original, “Unités de gestion d’entreprise”, plus difficile à camoufler. Il y a des années, nous avions déjà expliqué son fonctionnement en soins primaires [3]; nos soupçons d’enrichissement privé se sont confirmés [4].

– Dans le cas des soins spécialisés, l’idée en est que les services ou groupes de services rentables d’un hôpital devraient avoir une personnalité juridique, formant une sorte de micro-entreprise dirigée par une élite de médecins, avec un programme de contrat basé sur des objectifs d’activité (tant d’interventions, tant de tests, tant de consultations, tant de sorties…) et non sur des objectifs de santé. L’expérience a montré l’énorme fraude inhérente à ce modèle, exactement la même que celle qui se produit dans la gestion privée : des sorties précoces de malades qui sont réadmis ou qui meurent et ne sont pas comptabilisés, la prescription d’examens inutiles ou l’absence d’examens appropriés, ou la sélection de patients “rentables”. Et ce n‘est pas parce qu’ils ont des instincts pervers, mais parce que la distribution annuelle des bénéfices dépendra de l’épargne de frais. Exactement comme le propriétaire d’une entreprise qui économise les matières premières ou qui augmente l’exploitation de sa main-d’œuvre. C’est la logique du capital.

C’est ainsi qu’il est envisagé d’appliquer la gestion »entreprenante» avec personnalité juridique à “tous les centres de santé”, en restructurant “intérieurement les hôpitaux ou les réseaux d’hôpitaux dans des Zones ou Unités de Gestion Clinique”, en créant un espace de co-gouvernement sur la base des accords de gestion clinique. Et bien sûr, avec des compétences en matière de gestion du personnel. Peut-on expliquer où se trouvent les bonnes paroles du document en question sur l’élimination du travail précaire et la pénurie de personnel lorsque l’équipe de direction de la “Unité de Gestion Clinique” du centre en question a les mains libres pour engager du personnel, gérer les congés et, en général, utiliser la précarité et la menace de licenciement correspondante comme un chantage au travail?

Dans ce même but de camoufler les véritables objectifs, maintenant que les vents de l’opinion publique – après les scandales vécus – ne sont pas favorables à tout ce qui sonne de santé privée, répond le paragraphe énigmatique qui dit : “…Services Autonomes de Santé, souvent enserrés dans leurs capacités de décision, en explorant les formules juridiques et organisationnelles les plus appropriées pour cela…”

– Dans ce même but de camoufler les vrais objectifs, maintenant que le vent de l’opinion publique – après les scandales vécus – n’est pas favorable à tout ce qui ressemble à des soins de santé privés, répond ce paragraphe énigmatique dans lequel il est dit: «… Services autonomes de la santé, souvent limités dans leurs capacités de prise de décision, en explorant les formules juridiques et organisationnelles les plus appropriées pour cela…” Il s’agit de “se fondre dans le paysage”, comme le recommandait un éminent représentant des soins de la santé privée. Ce qui se passe, c’est que nous connaissons déjà cette chanson. Les “corsets” dont ils parlent ce sont l’Intervention Publique qui entrave les contrats à piston, les accords et le statut cadre, les Cours des comptes, et, en général, tout ce qui, dans le droit public, est prévu pour contrôler l’administration des ressources publiques.

– Les soins primaires ont été dégradés à mesure que les objectifs de la privatisation ont progressé et ont montré tout leur pathétisme avec le Covid’19, dans des Communautés Autonomes comme celle de Madrid. Les Soins primaires devraient jouer un rôle central dans un système qui fonctionne avec les objectifs d’amélioration de la santé et de réduction des maladies, en se concentrant sur la prévention et l’action communautaire, qui sont absolument essentielles, en particulier dans les situations d’épidémie. Comme dans la médecine privée, l’environnement social et professionnel n’est pas du tout pris en compte et le patient – isolé de son environnement social et professionnel – est réduit à un organe malade, avec pour conséquence une détérioration de la qualité des soins. Les Soins primaires deviennent ainsi un simple appendice des soins spécialisés, et surtout de l’hôpital.

– Il en va de même avec les services de Santé publique, d’Épidémiologie ou de Systèmes d’information. Dans un système fragmenté, purement d’assistance, sans planification en fonction d’objectifs sanitaires et de réduction de la maladie, ces unités qui devraient régir le fonctionnement de l’ensemble du système, ne sont que des ajouts parfaitement dispensables et n’ont pas de réel poids décisionnel, comme l’a démontré la pandémie de Covid19.

On a voulu consoler pas mal de défenseurs de la Santé publique avec la proposition de la Commission de Reconstruction selon laquelle l’augmentation budgétaire sera dirigée aux seuls centres de gestion publique. La crédulité naïve devient irresponsable quand on constate, comme aujourd’hui, que les conséquences sont des milliers de morts parfaitement évitables. Comme les intérêts du capital privé n’ont pas changé, ils essaient seulement, comme ils le disent, de “se fondre dans le paysage”. En effet, qu’est-ce que les unités de gestion d’entreprise” – sans euphémismes – qui visent à s’étendre à tous les établissements de santé? Peut-on parler de gestion publique directe, alors que les incitations de l’équipe de direction dépendent de l’épargne et que cette équipe peut acheter, comme ils aiment dire “externaliser”, des services, embaucher ou non du personnel ou appliquer les pervers mécanismes d’épargne déjà décrits? S’agit-il ou non d’une gestion publique directe, la décision d’entités dotées de la personnalité juridique de conclure avec la santé privée des interventions chirurgicales de faible ou moyenne complexité, les plus rentables? Ce qui ne manquera pas de se produire, en application de l’article 90 de la loi générale sur la santé, puisque ce sont les gérants de chaque hôpital qui s’entendent avec le secteur privé, avec l’argent de la gestion directe.

– Le traitement de la santé mentale dans le rapport susmentionné est une plaisanterie vu que les gouvernements centraux, du PSOE et du PP, ont retiré du portefeuille, des services clés tels que la psychothérapie, et ont assisté impassibles au démantèlement par différents gouvernements autonomes des services publics communautaires de santé mentale. Ils ont commencé par liquider la Psychiatrie Infantile et la Psychologie, et les Centres ont été transformés en simples consultations psychiatriques dans les hôpitaux.

Et ce n’est pas non plus par hasard. Depuis longtemps, les médicaments les plus prescrits sont des anxiolytiques et des antidépresseurs, à la plus grande gloire de l’industrie pharmaceutique!

Seulement un point, le dernier, est brièvement consacré à la Santé mentale, qui se lit comme suit : “Accroître de manière significative l’investissement dans la Santé mentale, en construisant un véritable système intégré de soins, qui combatte la stigmatisation, qui soit axé sur le genre et les droits de l’homme”. Sans commentaires!

– Il en va de même pour la santé au travail, dans les mains des Mutuelles santé d’entreprise qui en ont fait un instrument supplémentaire pour l’exploitation et la pénalisation de la maladie. Tout cela dans un État qui se classe au premier rang de l’UE en termes d’accidents du travail mortels et dans lequel les maladies professionnelles sont pratiquement inexistantes, car elles ne sont ni diagnostiquées ni reconnues comme telles. Les contaminés par l’amiante en est le dernier et criminel exemple. Un seul article leur est également consacré, dont la crédibilité parle d’elle-même. On peut y lire : “Renforcer les services de médecine préventive et de prévention des risques professionnels à tous les niveaux de soins”.

– Un autre aspect notable est l’environnement, que le document n’aborde que sur un point, la promesse d’un Plan National pour la Santé et l’Environnement. Aujourd’hui, l’environnement est responsable d’une grande partie des pathologies chroniques des pays dits développés. Les preuves scientifiques montrent que nombre de ces pathologies sont produites par les milliers de toxines qui imprègnent tous les aspects de la vie quotidienne, le travail, la maison, les loisirs… Cela étant, les centres de santé ne sont pas habilités à agir pour que, face à des atteintes évidentes à la santé collective comme le cas des industries toxiques [5], ils puissent agir sur les “producteurs de maladies”, en oubliant le bon sens le plus élémentaire : “Prévenir ce que l’on ne sait pas soigner”.

On pourrait dire qu’il y a des promesses pleines d’espoir, qui attendent d’être concrétisées dans quelque chose de réel. Cela comprendrait le renforcement des Soins primaires; le développement d’un réseau d’hôpitaux de moyen et long séjour (un déficit historique en Espagne); la liaison possible des soins de santé avec les Maisons de retraite à partir des soins primaires; l’élimination progressive” du co-paiement des médicaments; “l’augmentation des ressources destinées au Système National de Santé jusqu’à ce qu’il atteigne au moins la moyenne européenne en pourcentage du PIB stabilisé à la fin de la législature” ; et “l’augmentation significative du nombre de lits d’hôpitaux de gestion et propriété de l’État dans tout le pays à la fin de la législature, la plupart d’entre eux étant des lits de longue et moyenne durée”. Dans les mois à venir, nous verrons si ces propositions sont mises en œuvre ou non, et si tous les services de santé les appliquent.

Quoi qu’il en soit, après n’avoir pas consacré un seul mot à la privatisation de la santé publique, alors que ses tentacules traversent de différentes manières tout le système de santé, dire que le financement va augmenter sert à tromper les imprudents et est, une excellente nouvelle pour les entreprises privées : cette augmentation des dépenses va dans leurs comptes de résultat. La privatisation de la santé, qui n’est pas mentionnée une seule fois dans le document précité, nous insistons, est en bonne santé. A titre d’exemple, dans la période 2014-2018, la croissance du chiffre d’affaires des hôpitaux privés lucratifs s’est élevée à près d’un milliard d’euros, soit une croissance de 16,71 %. Dans le même temps, l’assurance privée a augmenté le nombre de polices de près de 15 % entre 2015 et 2019, pour atteindre plus de 10 millions, tandis que le volume des primes des entreprises a augmenté de 20 % [6].

Depuis 2004, la Coordinatrice Antiprivatisation de la Santé (CAS) lutte contre l’incompatibilité absolue entre la santé publique et l’entreprise privée et exige un système public planifié en fonction d’objectifs de santé avec la participation de la population.

Face aux conséquences désastreuses de la pandémie de Covid 19, elle a plaidé en faveur de la revendication des points suivants que 160 organisations de l’État soutiennent.

Plus jamais des morts évitables. La santé n’est pas une affaire

1. Abrogation de la loi 15/97 et de l’article 90 de la Loi générale sur la santé. Sauvetage de tout ce qui a été privatisé. Autonomisation et développement d’un nouveau modèle de Soins primaires axé sur la santé collective, et pas seulement sur les soins individuels. Suppression des réseaux parallèles. Incompatibilité absolue public-privé. Hors les entreprises de la Santé. Sanctions et / ou intervention des centres privés qui n’ont pas utilisé leurs ressources ou ont fermé en pleine pandémie.

2. Pour une industrie de santé publique et pharmaceutique.

3. Santé pour tous, quelle que soit la situation administrative.

4. Prendre soin de nos aînés avec dignité

5. Pour un système de santé axé sur les déterminants sociaux de la santé et de la maladie.

Pour un système public, universel et géré démocratiquement

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[1] En 1991, gouvernant le PSOE avec la majorité absolue, le ministre García Vargas a chargé le banquier et ancien gouverneur civil avec Franco, Fernando Abril Martorell, de rédiger un rapport sur la modernisation et la durabilité de la santé publique. Le rapport, qui était tout un programme de privatisation, a causé tellement de scandale – il a été publié par IU avant que les auteurs ne le fassent–, qu’il n’a jamais vu le jour, bien que ses conclusions aient été appliquées par différents gouvernements de l’État et régionaux. http://www.congreso.es/public_oficiales/L4/CONG/DS/CO/CO_306.PDF
[2] Hepatitis C: 1.500 millions de € que pouvaient avoir été 12 millions de €.

http://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/530-hepatitis-c-1-500-millones-de-que-podian-haber-sido-120-millones-de

 
[3]Todo lo que deberías saber sobre el funcionamiento de las Unidades de Gestión Clínica.

http://www.casmadrid.org/docStatic/Unidades_Gestion_Clinica.pdf

 
[4] Médicos públicos ganan 1,5 millones al vender adjudicaciones sanitarias

https://elpais.com/ccaa/2016/05/15/catalunya/1463345760_421932.html

 
[5] Nos envenenan diariamente: industrias y Administración, cómplices.

http://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/562-nos-envenenan-diariamente-industrias-y-administracion-complices

 
[6] La sanidad privada alcanzó antes de la pandemia su récord de negocio https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/03/la_sanidad_privada_alcanzo_an

Traduction de Red Roja

Source: https://redroja.net/articulos/comision-de-reconstruccion-de-la-sanidad-aun-ahora-la-privatizacion-avanza/

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