Demoledor informe de una organización acreditada en la ONU, contra el juicio al procés

Lluís Bou | ElNacional.cat


El consejo de derechos humanos de la ONU ha publicado un demoledor informe de una organización acreditada sobre el juicio al procés, que acusa a las autoridades españolas de vulnerar los derechos humanos con la prisión preventiva durante más de un año a los políticos catalanes. El informe, elaborado por la ONG Tamil Uzhagam, que actúa como organismo consultivo especial de las Naciones Unidas, se hizo público ayer.

El informe explica en primer lugar el contenido del juicio y las penas que se reclaman, y cuestiona que sea cierta la acusación de rebelión, el principal delito que se juzga. "Se les acusa de haber actuado con violencia y utilizar esta violencia -inexistente- para impulsar una rebelión contra el Estado español, pero todas las convocatorias independentistas de los catalanes siempre han sido pacíficas. La única violencia vino de las fuerzas de seguridad españolas, que provocaron a unos 1.000 heridos el 1-O. Recordamos en este sentido la declaración que hizo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos el 7 de marzo del 2018", señala.

Para el informe, "las relaciones entre España y Catalunya son problemáticas desde hace siglos" y por eso recomendó actuar por la vía del diálogo político, lo que la respuesta española no habría aceptado al optar por judicializar el procés. El informe lamenta que, al actuar así, España ha vulnerado los derechos humanos.

"Al decidir llevar a estas autoridades y ciudadanos [los Jordis] ante los tribunales, al encarcelar a la mayoría de ellos desde hace más de un año de forma preventiva, al margen de cualquier medida menos grave que considerara la ley española, el Poder Judicial español ha violado el derecho internacional de los derechos humanos", advierte con rotundidad.

Se queja de que España "ha ignorado de forma repetida" las recomendaciones y llamamientos que hacían las organizaciones de las Naciones Unidas (el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, informes de varios relatores especiales o el Comisionado por los derechos humanos del Consejo de Europa), que pedían una solución política y ofrecían mediación internacional. Precisa que el último veto ha sido la decisión del Tribunal Supremo español de no permitir la presencia formal de observadores internacionales en el juicio.

Apunta que se está tratando a los presos catalanes como si fueran el enemigo y que se ha limitado la división de poderes a España con respecto al procés independentista. "Según los expertos nacionales e internacionales, todo ha llevado a una situación de facto de represión generalizada, en la que se usan métodos característicos de la Lawfare (guerra judicial) y la Criminal Law of the Enemy (derecho penal del enemigo). Estas metodologías rompen la ultima ratio, principio de derecho penal que implica la limitación de facto de los derechos a personas consideradas ideológicamente opositoras. Ello viola el Estado de derecho y la separación de poderes que son inherentes en las democracias consolidadas".

Según el texto, el alcance que ha tenido la investigación judicial ha llevado "a una interpretación amplia, desproporcionada y abusiva en la aplicación de la ley, especialmente con respecto al derecho penal y al procedimiento penal". Eso habría afectado tanto a la investigación judicial, las detenciones y el hecho de que no se permita actuar al "juez natural" póximo a los hechos y la causa "se desplace a 600 kilómetros".

Recuerda además que existe contradicción entre los hechos de rebelión y sedición que apunta la acusación española, y la visión que expresaron los tribunales alemanes y belgas cuando decidieron que no detectaban estos delitos. "El Tribunal Supremo español ha hecho un uso estratégico, interesado y distorsionado de los instrumentos de cooperación de justicia penal", resume.

También cuestiona la fragmentación de la causa, y el hecho de que han estado implicados hasta 4 instituciones judiciales diferentes: el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, y los juzgados de instrucción de Catalunya (especialmente el número 13 de Barcelona).

Para ver el informe pulsa aquí.