Memoria histórica. 15 de enero de 1936: firma del acuerdo que constituiría el Frente Popular


Aunque en principio no pasaba de un acuerdo electoral para profundizar en reformas propias de una transformación democrático-burguesa a la que España llegaba con mucho retraso - y encima ese reformismo iniciado por el 14 de abril de 1931 fue truncado durante el bienio negro que llevó al gobierno de la República a las fuerzas más reaccionarias-, la historia real de la lucha de clases  (incluida la del plano internacional) hizo que el Frente Popular jugara un papel de instrumento hacia una República Popular con tendencias crecientes de asumir una perspectiva socialista. 

Sin duda que esta radicalización fue a su vez impulsada por el golpe de Estado de meses más tarde (18 de julio), donde la suerte de la detentación del poder ya no se podía jugar en el escenario electoral al que, como decíamos al principio, estaba ligado aquel acuerdo del 15 de enero de 1936 que a continuación exponemos de forma extractada.   

PROGRAMA DEL FRENTE POPULAR (ENERO DE 1936)

Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores; Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria

[...]

I. Como suplemento indispensable de la paz pública, los partidos coaligados se comprometen:

1. A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos político-sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales

[...]

III. Los republicanos no aceptan el principio de nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos, solicitada por los delegados del partido socialista. Consideran convenientes las siguientes medidas, que proponen la redención del campesino y de! cultivador medio y pequeño [...]: rebaja de impuestos y tributos. Represión especial de la usura. Disminución de rentas abusivas. [...] Revisarán los desahucios practicados. Consolidarán en la propiedad, previa liquidación, a los arrendatarios antiguos y pequeños. Dictarán una nueva ley de Arrendamientos que asegure: la estabilidad en la tierra; la modicidad en la renta, [...] y el acceso a la propiedad de la tierra que se viniera cultivando durante cierto tiempo. Llevarán a cabo una política de asentamiento de familias campesinas, dotándolas de los auxilios técnicos y financieros precisos. [...] Derogarán la ley que acordó la devolución y el pago de las fincas a la nobleza [...].

[...]

No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la Banca propuesta por los partidos obreros; conocen, sin embargo, que nuestro sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos, si ha de cumplir la misión que le está encomendada en la reconstrucción económica de España

[...]

No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del partido socialista...

VII. La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clase, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso social. Pero precisamente por esa definida razón, la política republicana tiene el deber de elevar las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la producción, sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los privilegios sociales y económicos. [...]

VIII. La República tiene que considerar la enseñanza como atributo indeclinable del Estado, en el superior empeño de conseguir en la suma de sus ciudadanos el mayor grado de conocimiento y, por consiguiente, el más amplio nivel moral por encima de razones confesionales y de clase social. [...]

Los partidos coligados repondrán en su vigor la legislación autonómica votada por las Cortes constituyentes y desarrollarán los principios autonómicos consignados en la Constitución.