Revista Pim Pam Pum nº 19

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Editorial Febrero 2017

Los desahucios: crímenes cotidianos contra la clase obrera



El pasado lunes 16 de enero se produjo el enésimo desahucio. Fue en Alcalá de Henares. La autoridad judicial programó la expulsión de su casa a una pareja con cuatro hijos, dos de ellos menores. La mujer, que ya había sufrido dos infartos cerebrales, tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad. La familia había ocupado la vivienda, propiedad de un fondo buitre. Cerca de un centenar de personas de la Plataforma Stop-Desahucios trataron de impedirlo y denunciaron la desmesurada violencia policial. Hubo dos detenciones y varias personas heridas. El desahucio fue aplazado. Es uno más de los muchos que se siguen produciendo a diario.

El fondo buitre propietario de la casa – cuya identidad se desconoce en este momento – será sin duda uno de los que, a partir de 2013,  compraron a precio de saldo miles de viviendas sociales, construidas con fondos públicos para albergar a familias especialmente necesitadas o a jóvenes. En el caso de la Comunidad de Madrid, 2.935 pisos fueron vendidos a fondos de inversión algunos tan famosos por su responsabilidad en el estallido de las burbujas inmobiliaria y financiera como Godman Sachs. El propio Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid afirma que fueron cedidos por debajo de los precios de mercado con una pérdida patrimonial para las arcas públicas de 98 millones de euros. Precisamente a una de las filiales de Goldman Sachs, ELQ Holding Llc, radicada en el paraíso fiscal Delaware y propietaria de 338 viviendas de protección oficial, estaría vinculado José María Aznar Botella (hijo de los susodichos), según denuncias de las plataformas vecinales.

Otro tanto ocurría en el Ayuntamiento de Madrid. También en 2013 el gobierno de Ana Botella vendía 1.860 viviendas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone, con una pérdida para las finanzas municipales de 30,5 millones de euros. Además del escarnio en sí de traficar con bienes de primera necesidad como la vivienda, en detrimento de los recursos públicos, para ser usados en la especulación inmobiliaria, el Tribunal de Cuentas denuncia que la transacción se hizo sin concurso público, facilitando información privilegiada a los citados fondos y que se pagaron 2,4 millones a un intermediario de cuyas gestiones no hay más prueba que las propias facturas de cobro.

Más de lo mismo, con otro decorado, están viviendo los miles de personas que viven en la Cañada Real, cuya situación se documenta en otro artículo de este mismo número. Aquí son los planes urbanísticos de varios ayuntamientos, entre ellos algunos de los del “cambio” como el de Rivas o el de Madrid, consistentes en viviendas de lujo y más centros comerciales, los que pretenden arrasar casas de gentes que llevan décadas habitando allí. Eso sí, uno de los argumentos principales es que las casas se demolerán porque sus ocupantes están soportando más ruidos de los permitidos por las ordenanzas municipales.

El derecho a la propiedad privada, protegido y garantizado prioritariamente por la Constitución de 1978, muy por encima del mismo derecho a la vivienda, a la educación, a la sanidad o a las pensiones, es la legalidad usada también por los bancos – los mismos que han sido rescatados con centenares de miles de millones de euros de dinero público – para ejecutar los lanzamientos (nunca mejor dicho) de sus casas a centenares de miles de familias. Es la Ley y el Orden. Su Ley y su Orden impuestos a golpes de porras y de detenciones en los barrios obreros

Mientras el circo de las peleas internas de los partidos institucionales es seguido exhaustivamente por los medios de comunicación, esa brutal violencia social cotidiana no merece espacio alguno. Ni siquiera hay ya espacio para los numerosos suicidios, auténticos crímenes del capital  y que son la expresión máxima de la desesperación ante la cascada de desastres que suele empezar con el despido, el agotamiento de las prestaciones sociales, la imposibilidad de pagar la luz, el agua, el teléfono, los libros y el comedor escolar, etc.

En la lucha por conseguir que no haya ni un desahucio, ni un desalojo más, no debemos  perder de vista la exigencia fundamental: expropiar el suelo para que sea íntegramente público y los millones de casas vacías para poner viviendas sociales en alquiler accesible a disposición de todas las personas.

Mientras somos lo suficientemente fuertes para destruir este sistema capitalista que lleva en su código genético la corrupción y el crimen contra el pueblo, es preciso fortalecer la resistencia y la organización.

Las Marchas de la Dignidad son un buen instrumento. Saldremos nuevamente a la calle el 25 de febrero exigiendo la retirada de las reformas laborales y de las pensiones y No Pagar la Deuda, ni acatar imposición alguna de la Zona Euro, la UE, o del FMI.