Revista Pim Pam Pum nº 18

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Este es el editorial del número:

 

 

La factura de la luz: un ejemplo de  robo a mano armada

Tras el decorado del “nuevo” gobierno y del renovado escenario de un parlamento con diferentes mayorías políticas se oculta una realidad dramática. Millones de personas están llegando a una situación crítica en la que necesidades indispensables para la vida como la vivienda, la luz, el agua, la calefacción, el transporte o las comunicaciones son inaccesibles.

Nos centramos hoy en el precio de la electricidad porque la llegada del invierno – el frío y más horas de oscuridad – recrudece una situación que ya era límite para muchas familias y porque la propiedad privada de la misma en manos de multinacionales y con exministros de gobiernos de todos los colores llenando sus consejos de administración, hacen que sea especialmente evidente el robo a mano armada a que nos someten diariamente.

De entrada, algunos datos. Desde el estallido de las burbujas financiera e inmobiliaria, es decir desde que ha aumentado espectacularmente el número de personas que han sido despedidas,  desahuciadas  o trabajan con salarios que no les permiten llegar a fin de mes, es precio de la luz ha aumentado un 56%. Desde abril a noviembre, se ha incrementado un 28% (unos 15 euros en promedio).  Mientras tanto los salarios en convenio aumentaron un 1%. En 2015,  Endesa e Iberdrola realizaron 506.481 cortes de suministro por no abonar las facturas, un 6% más que en 2014.

Tras esas frías cifras está el drama de no poder conservar los alimentos, de que no haya luz para que los niños estudien, para conectar el ordenador o de no poder calentarse. Según estudios recientes, en el Estado español, la mitad de los niños pasan frío en sus casas durante el invierno y 7,8 millones de personas viven con goteras o humedades.

El Bono Social, que reduce un mísero 25% en la factura de la luz y que sólo beneficia a los 2,4 millones de usuarios considerados más vulnerables, ha sido anulado por una sentencia del santo y alto Tribunal Supremo, que además obliga al Estado a resarcir – con dinero público, obviamente – a las empresas eléctricas.

Estas empresas proceden de la privatización de la originaria ENDESA (Empresa Nacional de la Energía). Su venta la empezó el  gobierno del PSOE en 1988, continuaron los gobiernos del PP y terminó su privatización con el gobierno de Zapatero en 2009. Según un informe de la CNE (Comisión Nacional de Energía) tres empresas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural dominan el 90% del mercado y según los datos de Eurostat España es uno de los países de Europa con la electricidad más cara.

Las tres empresas  se han embolsado beneficios por valor de 56.624 millones de euros desde que comenzó la crisis. Si tomamos el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el tercer trimestre de 2015 (último del que hay datos), su beneficio neto asciende a más de veinte millones diarios.

El secreto de este monumental negocio es que empresas privadas compraron a precio de saldo empresas públicas (la inmensa mayoría procedentes del antiguo Instituto Nacional de Industria INI) y que venden sus servicios en régimen de casi monopolio a una clientela cautiva, es decir, obligada a comprar bienes de primera necesidad. El mismo caso se da con el agua, los combustibles, la telefonía, los transportes… y ahora con la gestión privada de la sanidad, la educación o los servicios sociales.

Este milagro capitalista, de venturas sin riesgos, se ha hecho con la decisiva complicidad – remunerada con cientos de miles de euros anuales - de políticos de todos los colores. Empezando por los directamente vinculados a la Dictadura- como Martín Villa y responsable directo de la matanza de trabajadores en Vitoria en 1976, y presidente del Consejo de Administración de Endesa entre 1997 y 2002, y siguiendo por un enorme listado de ex ministros y ministras de todos los gobiernos, que encabezan José Mª  Aznar (Endesa) y Felipe González (Gas Natural Fenosa).

Este escarnio cotidiano que sufrimos no afecta sólo a la electricidad. Para desmentir a los enfoques afectados por el posmodernismo hegemónico que se ven en la obligación de añadir adjetivos hablando de "pobreza energética" - intentando trocear la realidad en partes para que no veamos en su conjunto las dimensiones de guerra social del capital contra la clase obrera - desde 2008 el aumento del precio de los servicios básicos triplicó el de los sueldos. Es decir, es el mismo sector social el de las personas las desempleadas que no cobran el paro, las pensionistas, las que no pueden pagar los transportes, la luz, el agua o el teléfono y las que son desahuciadas porque no pueden pagar el alquiler o la hipoteca. El misterio que tanto quieren mantener oculto es que todo recae sobre los mismos, no al azar, sino sobre quienes crean la riqueza y quienes hacen que todo funcione cada día: el pueblo y el nuevo (y viejo), proletariado, mujer, inmigrante, joven, quienes no tienen más riqueza que la que proviene de vender su trabajo en el “mercado laboral”; en definitiva, la clase obrera.

Frente a esta descomunal violencia social, a todo este robo a mano armada (dicho en sentido estricto porque el expolio no se mantendría sin los aparatos de represión que dirigen contra nosotros) una de las reivindicaciones centrales es la expropiación y la socialización de todas las empresas que producen bienes y servicios de primera necesidad – empezando por las eléctricas - , de la banca y de todos los recursos naturales. Al respecto, merece la pena recordar que Podemos defendía la nacionalización de las eléctricas en las elecciones europeas de 2014, que ya en 2015 era sustituida por la alusión genérica – que hasta el PP firmaría_ de “mejorar el sector eléctrico”.

Al tiempo que sostenemos esas reivindicaciones es preciso fortalecer la resistencia mediante la lucha concreta para detener cada desahucio, por resolver materialmente el derecho a la luz o al agua en cada barrio (mediante “enganches” organizados y defendidos colectivamente), por comedores escolares gratuitos, etc.; y para ello hay que organizarse en cada manzana de casas, en cada lugar de trabajo o de estudio. En definitiva, preparar nuestro poder, nuestra fuerza, esa que es invencible cuando el pueblo se organiza.