Nuestros mártires en la Transición. 39 Aniversario de la matanza de Atocha

“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas.”

Rodolfo Walsh

Los últimos crímenes del sindicato vertical

«TAN PRONTO EMPEZÓ LA TORMENTA de disparos, el estruendo fue tre­mendo, tras el terrible silencio anterior y la expectativa de lo que iba a ocurrir. La ráfaga del "pistolón" que llevaba uno de ellos atronó el am­biente. Parece increíble que en un momento tan trágico, en el que está cambiando de lugar la vida de una persona, tengas absoluta lucidez. Yo me mantenía en un lado del grupo, con los brazos en alto. Giré sobre mí mismo e intenté llegar a una puerta que estaba a mi espalda y, efecti­vamente, logré alcanzarla, pero entonces sentí un rayo de fuego que me atravesaba el vientre. Encontré un rincón al otro lado del tabique y me acurruqué allí, esta vez sí que con tremenda angustia, esperando que viniesen a rematarme. Una vez que cesaron los disparos, manteniendo mi posición fetal, recogido sobre la herida del vientre, que noté cómo sangraba, volví tres o cuatro metros, hasta el lugar de la matanza, y se dirigió a mí Luis Ramos diciendo: "Nos han matado, Miguel". Cuando lle­gó la policía, estábamos allí revueltos en aquel montón de sufrimiento, vivos o muertos. Algunos compañeros se convulsionaban con los estertores de la muerte.»

De esta forma tan terrible recuerda el abogado Miguel Sarabia el trágico momento en el que dos pistoleros de extrema derecha entraron en el despacho de abogados laboralistas de la calle de Atocha, el 24 de enero de 1977 y dispararon sobre él y sus compañeros. Con un tiro en el estómago, es una de las cuatro personas que sobrevivieron a la matanza. Cinco de sus compañeros fueron asesinados. Miguel ha sufrido numerosas operaciones de estómago desde entonces y ha quedado marcado para siempre por aquella tragedia. Confiesa que, durante años, no podía soportar ver a alguien empuñar una pistola ni siquiera en una película de televisión.

La matanza de Atocha se produce en uno de los momentos más dramáticos de la Transición, durante la última semana de enero de 1977. Esos mismos días son asesinados también dos estudiantes que se manifiestan por las calles de Madrid reclamando amnistía para los presos políticos antifranquistas. El domingo 23, el joven Arturo Ruiz es tiroteado por pistoleros ultraderechistas, y en la espontánea manifestación de protesta de la mañana siguiente, un policía dispara a bocajarro un bote de humo contra la estudiante Mari Luz Nájera que le hunde el cráneo.

Además, los GRAPO, que mantienen secuestrado, desde el mes de diciembre, a Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado, dan un nuevo y espectacular golpe, secuestrando también al teniente general Emilio Villaescusa Quilis, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Y en dos atentados, que tienen lugar en Madrid el día 28, el grupo armado acaba con las vidas de los policías Fernando Sánchez Hernández y José María Martínez Morales, que protegen la sucursal de la Caja de Ahorros de la calle de Padre Piquer, y también con la del guardia civil José María Lozano Sáinz.

Durante la celebración de los funerales por los policías, el vicepresidente de Gobierno y ministro de Defensa, el general Gutiérrez Mellado, mantiene un crispado enfrentamiento verbal con el capitán de navío Ca­milo Menéndez, militar franquista que, cuatro años más tarde, el 23 de febrero del 1981, se presentará en el Congreso de los Diputados para prestar su apoyo al teniente coronel golpista Antonio Tejero.

El lunes 24 de enero se sitúa en el epicentro de una semana marcada por el horror y la crispación. Desde media mañana el centro de Madrid es escenario de decenas de «saltos» protagonizados por manifestantes mayoritariamente jóvenes, que desatan como pueden su indignación por el asesinato de Arturo Ruiz. Enseguida corre la voz de que se ha pro­ducido otro muerto. Luego se sabrá que es la joven estudiante de socio­logía Mari Luz Nájera. A partir de ese momento, decenas de pequeñas concentraciones se van convocando de boca en boca, espontáneamente: A las 12 en la Plaza de España, media hora más tarde en Sol, después en Bilbao, Cuatro Caminos, Embajadores.... Todas las plazas y glorietas de la capital son escenarios de la rabia. La calma relativa no llega a las calles hasta bien entrada la tarde.

A las diez y media de la noche, cuando ya hace rato que la represión policial y el fragor de los gritos que reclaman la disolución de los cuerpos represivos franquistas se han calmado, varios pistoleros ultraderechistas armados irrumpen en el despacho laboralista que ocupa la tercera planta del número 55 de la madrileña calle de Atocha. Un miembro del co­mando se queda en el rellano de la escalera y otros dos entran en el piso. Después de juntar en una sala a los letrados que se encuentran allí en ese momento, los acribillan a tiros. A esa hora ya no quedan clientes. El re­sultado son cinco muertos y cuatro heridos graves. Este asesinato colec­tivo forma parte de una estrategia de presión fraguada desde el propio aparato del Estado, dirigido y nutrido por elementos que han hecho toda su carrera guardando fidelidad al régimen franquista.

Siete ultraderechistas vinculados a Fuerza Nueva, que mantienen es­trechos contactos con destacados funcionarios policiales, serán condena­dos por la matanza de Atocha, pero la instrucción judicial no llegará más allá. Investigaciones posteriores permiten señalar que en aquel atentado, posiblemente, también estuvieron implicados fascistas italianos relacio­nados con los servicios de información españoles.

El rastro de tres subfusiles Ingram, M-10, pertenecientes a un organismo policial dependiente en esas fechas del Ministerio de Presidencia del Gobierno es, en este caso, una de las claves que permite seguir la pis­ta de los asesinos hasta llegar a las cloacas del Estado. En enero de 1977 sólo ha transcurrido todavía poco más de un año desde la muerte del dictador, los franquistas siguen controlando por completo los resortes represivos y juegan sus bazas hasta el final.

El mes de enero de 1977 ha arrancado con una dura huelga en el sec­tor del transporte privado de viajeros y el sindicalista de CC.OO. Joa­quín Navarro es el dirigente natural de los trabajadores que protagoni­zan el paro. Los huelguistas tienen enfrente al Sindicato de Transportes, uno de los núcleos más duros del sindicalismo vertical franquista, que continúa encabezado por Vicente García Ribes y su hijo Juan García Carrés, otro personaje que aparecerá en todas las tramas involucionistas de la Transición, incluido el golpe de Estado del 23-F. Durante el asalto al Congreso de los Diputados, en 1981, mantendrá conversaciones tele­fónicas con Antonio Tejero durante todo el tiempo que dure la ocupa­ción del edificio y hará de enlace entre él y otros altos mandos golpistas. García Carrés será el único civil detenido a consecuencia del intento golpista del 23-F

En 1977, él y su padre aún conservan un poder absoluto en el Sindi­cato de Transportes, que funciona como una mafia en la que la exalta­ción patriótica de camisa azul se confunde con el lucro personal. El mi­nistro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, que antes ha sido secretario general de la Organización Sindical y ministro de Relaciones Sindicales, conoce muy bien el Sindicato de Transportes. Aún tiene a bastantes de sus hombres de confianza instalados en él.

Con la perspectiva actual, resulta difícil entender lo que es, en ese momento, el sindicato vertical franquista, una organización patronal que supuestamente agrupa a empresarios y trabajadores, muy vinculada a las fuerzas de seguridad y penetrada por funcionarios del régimen e in­dividuos situados ideológicamente en el sector más falangista del fran­quismo. La Brigada Político-Social está introducida en su seno y utiliza sus redes para controlar la información y detener o escarmentar a los ele­mentos más significativos de la oposición al régimen.

Vicente García Ribes es quien preside el Sindicato Nacional de Transportes y Comunicaciones desde noviembre de 1971. Nacido en Port Bou (Girona) en 1904, ha ido acumulando numerosos cargos du­rante los años de la dictadura. Miembro del Consejo de Administración de RENFE, del Consejo del Banco de España y del Consejo del Canal de Isabel II, es también procurador en las Cortes franquistas por la represen­tación sindical, desde la primera legislatura, e íntimo de otro personaje de su misma cuerda, José Antonio Girón de Velasco. García Ribes cono­ce el pistolerismo antisindical desde su juventud. En la década de los años veinte ya formó parte de los llamados «sindicatos libres», organiza­ciones mafiosas creadas por el entonces gobernador civil de Barcelona, el general Martínez Anido, para romper huelgas y asesinar a dirigentes de los sindicatos de clase.

El peón de confianza de García Ribes y García Carrés, sobre todo para encargarse de todos los trabajos sucios que tiene que abordar la or­ganización de Madrid, es Francisco Albadalejo, un falangista violento, con pocas luces, a quien padre e hijo han designado secretario del Sindi­cato Provincial de Transportes. «Cada vez que había alguna discusión o el mínimo conflicto en la negociación colectiva, Albadalejo se abría la chaqueta y enseñaba la pistola que llevaba en la sobaquera», nos relata, 25 años después de los hechos, el veterano sindicalista Joaquín Navarro, en el mismo portal del edificio de la calle de Atocha donde se produjo el asesinato de los abogados laboralistas.

Navarro recibe varias amenazas de muerte en los días previos a la convocatoria de huelga de enero de 1977 y éstas se repiten con más agresividad después de que comienzan los paros. «A lo largo de uno de los duros encuentros que mantuvimos para intentar negociar un acuerdo, en los locales del sindicato, en la plaza de Cristino Martos, me pusieron sobre la mesa un paquete de tabaco en el que habían dibujado un ataúd con mi nombre», relata el líder sindical. También recibe amenazadores mensajes telefónicos todas las noches, en el despacho laboralista de Atocha. «Durante los días del paro yo dormía aquí, en una de las salas, para que los compañeros me llamaran en cualquier momento, informándome de cómo iban las cosas en las empresas que habían hecho huelga o pudieran venir a comunicármelo aquí. No falté ni una noche.»

En la película 7 días de Enero, dirigida por Juan Antonio Bardem, se puede ver a Joaquín Navarro interpretándose a sí mismo. Después de los sucesos de 1977, su trayectoria sindical y personal da insospechadas vueltas: poco a poco, se va distanciando del PCE y, a raíz de la huelga general del 14 de diciembre de 1988, es expulsado de CC.OO., acusado de izquierdista por la dirección del sindicato. Durante los últimos años de su vida laboral trabaja en SALTUV (Empresa de Transportes Urbanos de Valencia), se afilia al sindicato TUC (Traballadors per la Unitá de Clase) y continúa manteniendo una actitud sindical combativa. Actualmente tiene 73 años y está jubilado desde hace casi diez. Conseguimos localizarle en un pueblecito de la costa valenciana y se muestra dispuesto a regresar al centro de Madrid, 25 años después de la matanza, para reconstruir los hechos de los que fue involuntario protagonista. El choque emocional es tremendo.

El 24 de enero de 1977, la casualidad juega un papel muy importante en el terrible suceso de la calle de Atocha. Esa tarde, de forma circunstancial, se encuentran reunidos en el despacho ubicado en el número 55 de la calle madrileña varios abogados que no tienen nada que ver con el mundo del derecho laboral. Trabajan en el movimiento vecinal y se reúnen de forma habitual en otro despacho cercano, situado en el número 49 de la misma calle, pero ese día hay demasiado trajín en el local de abajo y han tenido que desplazarse hasta éste. De las nueve personas que van a ser víctimas de la violencia fascista sólo cuatro trabajan habitualmente en el local donde tendrá lugar la matanza: Francisco Javier Sauquillo, Ángel Rodríguez Leal, Serafín Holgado y Alejandro Rodríguez Huertas.

Joaquín Navarro salva la vida, inconscientemente, porque sale un momento del despacho y baja a la calle con varios compañeros. En ese momento, los asesinos ya se encuentran desde hace un rato en la parte superior de la escalera, escondidos junto a la puerta de la buhardilla, y no se percatan de que él es uno de los que descienden por las escaleras. «Bajé a la calle porque un compañero me había invitado a tomar una caña y estaba esperándome en el bar», relata Navarro. «Recuerdo que le di al interruptor de la luz de la escalera, que duraba muy poco tiempo encendida, y tuve que volver a apretarlo otra vez antes de llegar al portal. Justo cuando salía me crucé con Ángel Rodríguez Leal, y me dijo que volvía al despacho para recoger su ejemplar de Mundo Obrero. El perió­dico todavía era ilegal y se lo había dejado encima de la fotocopiadora. Llegué al bar y vi una cerveza entera en la barra. Era la de Ángel.»

En el bar, Navarro se encuentra con el compañero que le ha invitado a tomar la caña y, en ese momento, aparece allí también un abogado, Ju­lio Rodríguez, que llega para participar en la reunión que va a comenzar arriba en pocos minutos. Mira el reloj, considera que todavía tiene un poco de tiempo y se pide una cerveza. Mientras charlan junto a la barra, Navarro y Rodríguez ven llegar a varias ambulancias que se paran en el portal. Ambos salen corriendo y en las escaleras se cruzan con quienes ya están bajando a los muertos y los heridos.

Pocos minutos antes ha sonado el timbre de la puerta en el despacho laboralista. Es Ángel, que va hasta la habitación donde está la fotocopia­dora para recoger su periódico. Inmediatamente después, alguien vuelve a tocar el timbre. «Esta vez salió a abrir la puerta Luis Javier Benavides», recuerda dolorosamente el superviviente Miguel Sarabia. «Cuando entró otra vez en la sala donde estábamos nosotros, no lo hacía de frente, sino caminaba de espaldas y con los brazos alzados, porque venía encañonado por dos intrusos. Uno de ellos tenía la cara tapada. Los individuos armados preguntaron entonces por Joaquín Navarro y nosotros les dijimos que no sabíamos quién era, porque, de verdad, no le conocíamos. Después supimos que era un trabajador del transporte que había tenido una actuación destacada en las reivindicaciones de los trabajadores que habían ido a la huelga. Uno de los intrusos se puso frente al grupo pidiéndonos que estuviésemos juntos y con las manos alzadas. "Las manitas arriba", repetía. Era Fernández Cerrá. El que llevaba la cara tapada -luego supimos que era García Juliá- recorrió todos los despachos, arrancando los cables de los teléfonos, y trajo encañonados a dos compañeros más, que estaban en otras salas. Entretanto se oyó un disparo, que se le había escapado al encapuchado, y no se cruzó ninguna palabra entre el que nos tenía encañonados y nosotros. Todos permanecíamos silenciosos. Cuando el que llevaba la cara cubierta se acercó nuevamente al salón donde estábamos los demás, sin mediar palabra, él y el que se había quedado vigilándonos comenzaron a disparar los cargadores sobre nosotros indiscriminadamente.»

Cerrá y García Juliá son los autores materiales del múltiple asesinato, mientras un tercer ultraderechista, Lerdo de Tejada, permanece vigilando en la puerta del despacho. No se ha podido determinar si alguien más intervino directamente en la matanza.

Uno de los cuatro supervivientes, Alejandro Ruiz Huerta, ha volcado recuerdos de aquella noche en el libro La memoria incómoda. Los abogados de Atocha. Sus sensaciones en el instante posterior al tiroteo constituyen uno de los momentos más terribles de su relato. Un bolígrafo metálico, regalo de Ángel Rodríguez Leal, desvía la bala que va dirigida a su corazón y le salva la vida. «Tiro a tiro, terminan con todo movimiento», escribe. «En el suelo, nos rematan. Somos un enorme charco de sangre, un montón de cuerpos encogidos; un silencio de cal viva. Yo estoy debajo de Enrique. Siento que vivo. A mi alrededor no creo que pueda estar la muerte, pero dudo de mi propia vida. Ángel no se mueve. He levantado el cuerpo sin vida de Enrique, que fue mi protección sin saberlo. Javier es un parpadeo terrible. Está muriendo. No veo más. Los que podemos movernos intentamos pedir ayuda; en el balcón, en el telé­fono. Instantes de agobio inexpresable, de desesperación total. Intenta­mos ir hacia la puerta...»

Navarro y otros compañeros corren hacia el Hospital 12 de Octubre, donde han sido ingresadas urgentemente algunas de las víctimas. Allí, al sindicalista le toca enfrentarse con la dura tarea de identificar el cadáver de Serafín, que tiene la cabeza destrozada. Los rostros desfigurados de las víctimas son irreconocibles incluso para sus amigos más íntimos. La re­vista Triunfo relata, en su primer número de febrero de 1977, una escena absolutamente brutal protagonizada por un médico fascista del Hospital Francisco Franco (el actual centro sanitario Gregorio Marañón):

-¿Quién es la mujer del de la barba?

-Yo -dijo la mujer de Enrique Valdelvira.

-Pues es usted la viuda.

Antes de las cinco de la mañana, los compañeros de las víctimas ya conocen los detalles de la matanza, a través de los relatos verbales de Ale­jandro Ruiz Huerta y de los que consigue hilvanar por escrito María Do­lores González Ruiz, que tiene la mandíbula destrozada. Al de ellos dos se añade el de Luis Menéndez Luarca, que es el primero en llegar cuando ya han huido los asesinos y a quien Alejandro, arrastrándose, consigue abrirle la puerta.

Las víctimas mortales del atentado son cinco: Francisco Javier Sau­quillo Pérez del Arco, Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Serafín Holgado de Antonio, todos ellos abogados, y Ángel Elías Rodríguez Leal, trabajador despedido de Telefónica que trabajaba como administrativo en el despacho. Sobreviven los letrados María Do­lores González Ruiz, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Miguel Ángel Sarabia Gil.

Reunidos en asamblea permanente durante toda la jornada del mar­tes 25, más de medio millar de letrados tienen que librar una dura bata­lla para poder homenajear en el Colegio de Abogados de Madrid a sus colegas asesinados. El ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Vi­lla, prohíbe que se instale en las dependencias del Colegio la capilla ar­diente, pero, tras innumerables y muy crispadas gestiones, se consigue rendirles un breve homenaje allí el día 26. Durante un tiempo limitado de tres horas. En la calle de Génova tiene lugar ese día la mayor concen­tración antifascista celebrada en Madrid hasta la fecha. Posteriormente, miles de manifestantes rompen los cordones de seguridad montados por el PCE, que se ha responsabilizado ante el ministro de la Gobernación de controlar el acto, y se producen numerosos «saltos» de protesta por toda la capital, hasta altas horas de la noche.

A consecuencia de su implicación en la matanza de Atocha es deteni­do Francisco Albadalejo Corredera, secretario del Sindicato Provincial de Transportes y Comunicaciones de Madrid, como organizador del atentado, junto con José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernan­do Lerdo de Tejada, como autores materiales de la matanza. Los cuatro están vinculados a Fuerza Nueva, Falange Española y la Guardia de Franco. Algunos de ellos han participado también en los servicios de se­guridad personal de Blas Piñar y Raimundo Fernández Cuesta. García Juliá es miembro de una familia de militares y ha flanqueado a Piñar en muchos actos. La madre de Lerdo de Tejada, Virginia Martínez, es secre­taria personal de Blas Piñar.

También son detenidos Leocadio Jiménez Caravaca, antiguo miembro de la División Azul, y Simón Ramón Fernández Palacios, otro ex combatiente de la campaña contra la URSS, ambos acusados de propor­cionar las armas utilizadas en la matanza, y Gloria Herguedas Herrando, novia de Fernández Cerrá, como encubridora.

El juez Rafael Gómez Chaparro, titular del Juzgado Central de Ins­trucción número 1 de la Audiencia Nacional, que está presente en nume­rosos procesos abiertos por crímenes cometidos por ultraderechistas du­rante la Transición, torpedea la instrucción, hasta que es relevado de su puesto, tras la fuga de Lerdo de Tejada de la prisión de Ciudad Real. Este asesino aprovecha un inconcebible permiso penitenciario de Semana San­ta que le otorga Gómez Chaparro, en abril de 1979, y no vuelve a prisión. Lerdo aparece después en Perpignan, donde concede una entrevista al pe­riodista ultraderechista Alfredo Semprún, en la que da pistas falsas sobre su futuro paradero, y acaba refugiándose en el Chile de Pinochet.

Gómez Chaparro se niega a investigar cualquier complicidad en el múltiple asesinato que vaya más allá de los ultras ya encausados, aunque resulta obvio que Albadalejo no tiene capacidad por sí mismo para deci­dir ni organizar un atentado de semejantes características. La única pis­tola que aparece, de las dos empleadas en el atentado, es una Star regla­mentaria del Ejército. Todas las armas que se encuentran en poder del grupo, a excepción de cuatro de fabricación extranjera o pertenecientes a la Guardia de Franco, son también de la dotación reglamentaria de la Policía Armada o la Guardia Civil. Gómez Chaparro no quiere, bajo ningún concepto, profundizar en esa línea indiciaria. En octubre de 1977, cuando todavía no se han practicado las pruebas periciales de ar­mamento y munición, ni algunas de las testificales que ya están pedidas, declara terminado el sumario, considerando que ya se han practicado to­das las diligencias necesarias para la investigación de los hechos y lo eleva a la Audiencia, a efectos de aplicación de la amnistía. La Audiencia Na­cional revoca la decisión de Gómez Chaparro y le devuelve el sumario para que se continúe investigando.

A Gómez Chaparro le sustituye el juez Alfonso Barcala, que agiliza un poco las diligencias, pero tampoco se muestra dispuesto a indagar más allá del entorno inmediato de los detenidos. Continúa sin investi­garse la trastienda del atentado.

Durante el juicio sólo se consigue llegar al primer escalón de la tra­ma. Son citados a declarar los policías de la antigua Brigada Político-Social Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño y José Luis González Gay, pero no llega a esclarecerse judicialmente el grado de implicación de estos funcionarios en la matanza. El ultraderechista catalán Ernesto Milá, buen conocedor de las tramas parapoliciales, implicará más ade­lante a Billy el Niño de forma directa en el asunto con unas contundentes declaraciones: «La masacre de Atocha fue estimulada por medios de la Se­guridad del Estado. Semanas antes de la matanza, nosotros detectamos que, en Madrid, distintos funcionarios, distintos cuerpos de seguridad del Estado recorrían sistemáticamente los ambientes en los que se reunía la extrema derecha: bares, locales, determinados círculos, siempre con la in­tención de decir que había que hacer algo, estimular, llamar a la acción, procurar que los chicos jóvenes respondieran a la izquierda de una manera contundente y radical. Existían decenas de grupúsculos que escapaban a cualquier control y uno de ellos era el que ocasionó lo de Atocha. Ese grupúsculo había sido trabajado por un policía que, en su momento, dio mu­cho que hablar, Billy el Niño, uno de los personajes que en aquella época aparecía siempre con ese tipo de propuestas, incluso en ambientes de exi­liados ultras extranjeros residentes en España».

Como en la investigación de casi todos los crímenes ultraderechistas de la Transición, no se llega al fondo de la trama. Esta historia se repetirá una y otra vez: se descubrirá a los autores directos de los asesinatos en muy pocas ocasiones y siempre quedará sin desvelar quiénes proveen la información para cometerlos, organizan la operación y les entregan las armas a los ejecutores materiales de los crímenes.

En este caso, la detención de los únicos fascistas que son encausados por la matanza de Atocha la dirige un funcionario relativamente aperturista, Francisco de Asís Pastor, jefe superior de Policía de Madrid. Su actuación le ocasiona fuertes roces con la Brigada de Información dirigida por Conesa, en la que está integrado Billy el Niño, quien incluso baja a visitar a los detenidos a los calabozos de la Dirección General de Seguridad.

A lo largo del juicio tampoco se esclarecerán mucho más los hechos. Hay reuniones constantes del grupo de abogados del PCE con el gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, durante las jornadas previas al comienzo de las sesiones y casi todos los días del juicio, que tiene lugar en Las Salesas. Las vistas se celebran en febrero de 1980. Una vez más, el PCE responde con la desmovilización a las agresiones ultras propiciadas desde el Estado. La sala del juicio está siempre tomada por los fascistas, que se ríen ante la insolencia siniestra de los encausados, quienes no muestran el menor signo de arrepentimiento. Fernández Cerrá, vestido con camisa azul, llega incluso a hacer hirientes comentarios sobre las víctimas de su crimen.

Antes de que termine el juicio, fallece, de muerte natural, Simón Fernández Palacios. Los otros cinco ultras encausados son condenados por el asesinato de los abogados laboralistas: Fernández Cerrá y García Juliá, a 193 años de cárcel cada uno. Albadalejo, a 73 años. Jiménez Caravaca, a cuatro años, dos meses y un día de prisión, y Gloria Herguedas, a un año, por tenencia de armas.

De este modo se da carpetazo al asunto y queda sin descubrir quienes había detrás de los condenados con capacidad real para auspiciar tan terrible matanza. Tampoco se aclara el origen de las armas empleadas y si algún ultra italiano participó en el atentado. Los abogados supervivientes sólo recuerdan haber visto a dos asesinos y se ha acreditado que en el descansillo les esperaba Lerdo de Tejada, pero es posible que fuera del despacho hubiera alguien más.

Las pruebas periciales de balística, realizadas por expertos policiales, no son concluyentes para determinar el origen de los proyectiles. Los abogados supervivientes hablan de que Fernández Cerrá llevaba un «pistolón», que disparaba con gran rapidez, lo que encaja con la teoría de que el arma utilizada era un subfusil Ingram marietta que había pertenecido a la policía española y que formaba parte de un lote que fue desviado por los servicios de información a manos de ultraderechistas italianos. Con una de ellas asesinó el ultra Pier Luigi Concutelli al juez italiano Vittorio Occorsio el 10 de julio de 1976.

El inspector de policía Juan José Medina declara en 2001 al programa «Crónica de una Generación»: «Las pruebas periciales que practicó la policía científica sobre las armas de Atocha se hicieron sólo con las municiones, con las balas obtenidas, nunca con las armas, pero en cierto momento el informe dice que la cadencia de disparo no puede pertenecer a una pistola normal, sino que debía ser un arma ametralladora y de las características de la Ingram marietta, puesto que la munición era también de nueve milímetros parabéllum. Tuvimos poca colaboración y nos resultó muy difícil hilvanar la investigación, pero los ultras italianos de la época aparecieron en todos los hechos de aquellas mismas características que se produjeron en España. Además, nosotros tuvimos constatación oficial, por un funcionario de policía, de su conexión con lo de Atocha. Pero la verdad es que no lo sabremos con exactitud, al menos yo. Nosotros fuimos apartados de una forma brusca y violenta, no sólo de esa investigación concreta sino también de algunas otras. Casi todas ellas relacionadas con el mismo entorno. De pronto parece ser que en el Ministerio del Interior se despertó una especie de conciencia de no acosar a nadie. Se nos debería haber avisado antes de hasta dónde se querían llevar las investigaciones. Yo ya tenía previsto un viaje a Italia para entrevistar­me con el juez Vigna, que llevaba la investigación de la muerte del juez Occorsio. Aquellos eran unos años muy difíciles de la lucha contra ETA y el gobierno socialista trataba de no hacer lo mismo que había he­cho el gobierno anterior, pero quizá se veía obligado por el mismo siste­ma a continuar determinadas acciones (era la época en la que actuaban los GAL) y lo que menos le interesaba en ese momento, posiblemente, era destapar una trama más amplia en la cual hubiera implicado algún otro funcionario o alguna otra instancia».

En 1983, con el PSOE ya en el poder, el inspector Juan José Medina, bajo las órdenes del subcomisario Mariano Baniandrés (jefe de la enton­ces llamada brigada antigolpe), estaba tras la pista. Ambos fueron cesa­dos antes de que pudieran concluir su investigación, pero consiguieron reconstruir el itinerario de las tres mariettas. Eran subfusiles Ingram, modelo M-19, de 9 mm Parabéllum, pertenecientes al Servicio Central de Documentación (creado por Carrero Blanco), que pertenecía a Presi­dencia de Gobierno y estaba entonces dirigido por el coronel Andrés Cassinello Pérez, personaje que aparece en la sombra de varios episodios de guerra sucia a lo largo de la Transición y durante el mandato de Felipe González y que llega a general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y a capitán general de la región militar de Burgos. Las mariettas habían sido compradas por la policía española a la fábrica Military Armament Corporation, de Atlanta (EE.UU.). El inspector Medina fue destituido, en 1983, justo cuando iba a viajar a Roma para mostrarle a Concutelli fotos de los miembros del SECED con la intención de que reconociera a la persona que le había dado el arma. Los jueces Pier Luigi Vigna, de Florencia, y Alberto Macchia, de Roma, dedicados durante años a inves­tigar la subversión fascista italiana y sus conexiones con el extranjero, declararon al diario Il Messaggero que, a partir de las declaraciones de un terrorista italiano arrepentido, que estaba colaborando con la justicia, había llegado a la conclusión de que un neofascista italiano había parti­cipado en el ametrallamiento del grupo de abogados de la calle de Ato­cha el 24 de enero de 1977. Y recordaban que las autoridades españolas nunca han respondido a los magistrados italianos cuando éstos han pre­guntado «cómo se explica que el jefe militar de Ordine Nuovo, Pier Luigi Concutelli, tuviera en su poder, al ser detenido en Roma, la metralleta Ingram M-10, conocida como marietta, el mismo tipo de arma que sir­vió para asesinar a los abogados españoles».

Después de 27 años, todos los ultras condenados por la matanza de Atocha llevan ya mucho tiempo fuera de prisión: Albadalejo murió de cán­cer en Salamanca en 1984. Carlos García Juliá estudió Derecho en la cárcel y salió en libertad condicional el 23 de septiembre de 1991. Mon­tó una agencia de detectives y seguridad García & Febrel Asociados, jun­to con Jaime Febrel Simón, antiguo militante de Fuerza Nueva. Esta empresa realizó el espionaje y el seguimiento del juez Baltasar Garzón por cuenta del traficante de armas sirio Al Kassar. Más tarde viajó a Bolivia supuestamente para trabajar en la empresa naviera Traflumer y en 1996 fue detenido por la policía de aquel país, acusado de tráfico de drogas, y encarcelado en la prisión de alta seguridad de Palmasola (La Paz). Fernández Cerrá abandonó la cárcel tras cumplir 15 años de con­dena, en 1992. Durante su estancia en prisión estudió Derecho y Teolo­gía. Al salir encontró trabajo en una gasolinera de la empresa de Sandoval, tras su matrimonio con María de los Ángeles Díaz Sandoval, tía del ultraderechista Miguel Ángel Panadero Sandoval, condenado a doce años de prisión por la muerte, en Alicante, del joven Miquel Grau. Ni García Juliá ni Fernández Cerrá abona­ron una sola parte de los 50 millones de pesetas de indemnización a las víctimas y sus familiares. Lerdo de Tejada pasó varios años en Chile; des­pués, diversas fuentes le situaron en Brasil. Puede regresar a España cuando quiera, sin miedo a sufrir ninguna consecuencia de la matanza en la que participó. Los delitos que cometió el 24 de enero de 1977 en la calle de Atocha prescribieron hace ya siete años.

De La sombra de Franco en la Transición de Alfredo Grimaldos. OBERON 2004